La Dirección General de Acceso a la Justicia atendió más de 78 mil consultas judiciales desde su creación en el año 2014. Así se desprende de un informe presentado por la Dirección, que resume las principales estadísticas de la experiencia de las agencias territoriales al cumplirse el décimo aniversario del organismo del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación. Según el informe, la mayor parte de los casos atendidos en las oficinas descentralizadas de la Dirección corresponde a hechos de violencia doméstica o abuso sexual para los que se terminaron dictando medidas como prohibiciones de acercamiento o botones antipánico.
El 23 de junio próximo se cumplirán diez años de la publicación de la Resolución Nº 1316/14 de la Procuración General de la Nación (PGN), que con la firma de su entonces titular, Alejandra Gils Carbó, creó el llamado Programa de Acceso Comunitario a la Justicia con el objetivo de «transversalizar y descentralizar el servicio de atención del MPF». De allí nacieron las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO), oficinas creadas en el territorio «para acortar la distancia entre la población más vulnerable y la Justicia». Un año después, el programa adquirió el rango formal de Dirección hoy a cargo de Julián Axat.
Sobre el informe elaborado a diez años de aquella resolución, Axat explica ahora que «expresa valores cuantitativos», pero también un «universo cualitativo» en el que aparece «la dimensión humana de las intervenciones realizadas y quizás allí radique lo más significativo de la tarea”.
El informe indica que la Dirección atendió un total de 78.483 consultas desde 2014. Año a año, a excepción del 2020 de la pandemia, las cifras fueron, además, en un crecimiento constante: en 2014 hubo 1.232 consultas tramitadas, mientras que para el año pasado el número había subido a 13.024. De ese total, explica el informe, un 64,61 por ciento de los casos fueron demandas presenciales, mientras que las virtuales le siguen con el 13,01 por ciento.
El documento también desagrega los datos a partir del tipo de las «problemáticas» de las denuncias. «El registro de denuncias está encabezado por casos de violencia doméstica contra las mujeres o personas con identidad de género femenina mayores de 13 años, con el 29,96 por ciento«, precisa el informe. Los casos de violencia doméstica en general le siguen con el 14,27 por ciento y los de abuso sexual con el 10,4 por ciento. En línea con esos datos, el documento muestra registros relativos al perfil de la persona que consultó en las agencias y precisa que el 70,11 por ciento fueron de género femenino.
En este punto, la Dirección destaca la relevancia de los dispositivos de toma de denuncias para casos de violencia de género, denominados Atajo Protegen, que operan a modo de extensión territorial de la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema. En el 93,92 por ciento de las denuncias recibidas por esos dispositivos se terminaron disponiendo prohibiciones de acercamiento, mientras que en el 72,97 por ciento se dictaron ceses de actos de perturbación o intimidación. Las medidas relativas a proteger a niños, niñas y adolescentes alcanzaron el 62,84 por ciento de esas denuncias, la aplicación de botones antipánico el 58,11 por ciento y la exclusión del agresor del domicilio el 22,3 por ciento.
Además, la estadística indica que más del 62 por ciento de las personas que acudieron a Atajo Protegen no habían formulado la denuncia con anterioridad en otros dispositivos. «Esto hace presuponer que las agencias generan la confianza necesaria para constituirse en referencia frente a estos temas», destaca el informe. Axat, por su parte, remarca en este sentido que en el trabajo de la Dirección «ha sido fundamental el intercambio con sectores de la sociedad civil, como organizaciones sociales, centros de fomento, clubes de barrio, iglesias y todo tipo de referentes/as, con quienes se logró consolidar una red de articulación«.
El informe también precisa datos sobre la situación de vulnerabilidad de las personas que acuden a los dispositivos, traducidos en niveles educativos o situación laboral. «Más del 65 por ciento no tiene estudios secundarios completos y más del 10 por ciento no logró completar estudios primarios», explica y agrega que el 35,72 por ciento de las personas se encontraban desempleadas a la hora de acudir a las agencias, el 22,81 por ciento tenían un empleo informal y sólo el 15,29 por ciento un empleo formal. «Si bien la mayoría de quienes consultan son argentinos/as, hay un porcentaje significativo de migrantes de países latinoamericanos. Entre ellos destacan las poblaciones paraguaya, con el 12,5 por ciento, y boliviana, con el 10,5 por ciento», indica el documento.
En términos del funcionamiento de la Dirección, el documento también asegura que la apertura de las agencias territoriales implicó «cambios sustantivos en la metodología de trabajo del MPF, en tanto requirió del esfuerzo conjunto de diferentes áreas técnicas y administrativas para superar obstáculos estructurales». En la Ciudad, las agencias territoriales se encuentran en barrios como la Villa 21-24, Villa 20, Villa 15, Constitución, Once o Villa Soldati, mientras que la Dirección trabaja en distintos municipios bonaerenses como San Martín, Avellaneda, Moreno, Merlo, Quilmes, La Matanza, Lanús y Florencio Varela.