La Subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, no cambió su tesitura, y ante la Cámara Federal porteña acusó al juez Sebastián Casanello de “violar la división de poderes” en el marco del expediente en el que se había pedido al ministerio que en 72 horas (que se vencieron el viernes), la presentación de un esquema de inmediata distribución de 5.000 toneladas de alimentos acopiados en dos galpones, ante el riesgo de su próximo vencimiento. Esa medida fue apelada, y por eso se expusieron ante los camaristas los fundamentos de ese pedido.
Ante los integrantes de la Sala II de la Cámara, Eduardo Farah, Martínez Irurzun y Roberto Boico, la abogada Gianni volvió a señalar que “ningún juez federal” les iba a indicar a la cartera de Capital Humano “cómo dirigir su política de distribución de alimentos”. En la letra de la apelación se había señalado que la misma se trataba de una “política de Estado no judiciable”.
Sobre este punto volvió la subsecretaria Legal, quien explicó a Clarín que procedió a la “violación de la división de poderes, por eso rechazamos la medida cautelar”.
No fue una audiencia más de apelación. Estuvo atravesada por el enojo y las acusaciones cruzadas entre Juan Grabois, en representación de los querellantes, y la integrante de Capital Humano.
Video
Tras la audiencia en Comodoro Py, la dirigente social chicaneó a la responsable legal del Ministerio de Capital Humano: «Quedaron chiquititos»
Al inicio de la audiencia la Cámara fijó un plazo para las exposiciones de quince minutos a cada parte. La primera en hacer uso de la palabra fue Leila Gianni quien dividió su tiempo con el abogado de Capital Humano, Ariel Romano.
Su primer planteo, más de carácter político como vino manifestando en los medios de comunicación, se convirtió en una advertencia por parte del juez Martín Irurzun quien le solicitó que se remita a las cuestiones jurídicas que en el marco de la causa están bajo estudio.
Es que Leila Gianni quería manifestar que además del “cumplimiento de la entrega de alimentos”, se había avanzado en un «cambio de sistema, de paradigma, rompimos con un asistencialismo y vamos hacia una asistencia directa. El asistencialismo que existía aumentó la cantidad de pobres e incrementó el clientelismo político y una gran cantidad de actos de corrupción”.
Ante ese planteo, el presidente de la Sala volvió a pedir que la Subsecretaria Lega se circunscriba a los argumentos jurídicos del caso.
Uno de los ejes centrales de la abogada fue la referencia ya manifiesta sobre el juez Casanello. En diálogo con Clarín dijo: «hubo una extralimitación arbitraria e ilegítima de un juez penal que quiso asumir el rol de un organismo del Estado, en este caso el ministerio de Capital Humano. Ningún juez de la Nación puede entrometerse en cuestiones de gestión de la Administración Pública Nacional y menos aún un juez penal, sabiendo que hay una causa que tramita con el mismo objeto en otro fuero”.
Bajo esta línea, el abogado Romano hizo referencia a «fiscales militantes» en relación al la fiscal Paloma Ochoa y sostuvo que en este caso «no hay ningún delito».
Argumento contrario fue el que Juan Grabois manifestó, quien dijo ante los camaristas que el comportamiento de Capital Humano respecto a la distribución de los alimentos «sí responde a un delito, acá hay un delito», insistió.
Sin dejar de lado los despidos ocurridos en la cartera que conduce Pettovello a raíz de posibles hechos de corrupción, el dirigente social acusó a los funcionarios mileístas de «patotear permanente al Poder Judicial» y dijo que el Ministerio «incumplió» una orden judicial.
Con un clima de tensión en aumento, la abogada Gianni dijo que en su planteo y el tiempo otorgado por la Sala, se estaba excediendo Grabois, quien rápidamente le pidió que se calle. Lo que no tardó en tener una respuesta por parte de la asesora letrada: «No me faltes el respeto» le replico y lo desafió: «La seguimos afuera ¿te da la nafta?».
Juan Grabois se quejó por las interrupciones ante los camaristas pero lo único que obtuvo fue una advertencia de uno de los jueces, Eduardo Farah quien le indicó que no podía formularle ninguna pregunta al tribunal.
Entre insultos y gritos en ascenso, la audiencia concluyó con un escándalo que se trasladó a los pasillos de Comodoro Py.
La distribución de la comida
El lunes por la tarde el ministerio que conduce Sandra Pettovello informó al juez Casanello que se iniciaba la distribución de alimentos, ya que finalmente admitieron que había una importante cantidad de leches en polvo que estaba próxima a vencerse. Con la intervención del Ejército se dio inicio a su pronto envío a comedores y merenderos.
Según consta en el detalle presentado ante la justicia federal y que se reiteró este martes ante los camaristas, se firmó un convenio con la Fundación CONIN para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables.
“La entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos”, señalaron desde Capital Humano.
Al respecto, y brindando más información, Gianni dijo a Clarín que están bajo estudio judicial “la compra de alimentos a través de actos espurios, como también la comercialización de bolsones de comida y utilizaron eso como un elemento de coacción”.
La causa
Este expediente judicial inició tras la denuncia de Juan Grabois, en la que se sostuvo que hay “casi cinco mil toneladas de alimentos sin entregar” en “dos centros operativos pertenecientes a la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano”: en el Centro Operativo Martelli “habría [una] friolera de 2.751.653 kg. de alimentos disponible para su entrega” y en el Centro Operativo Tucumán “habría 2.269.078 kg. de alimentos listos para su entrega”.
El fin de semana, tanto en Villa Martelli como en la provincia de Tucumán se llevaron adelante dos operativos para constatar la cantidad de alimentos que estaban resguardados.
El ministerio en su apelación había desmentido las cifras que se volcaron en el dictamen acusador de la fiscal federal Paloma Ochoa: «de las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría. Esta yerba no sólo se adquirió a través de procesos poco transparentes, sino que se trata de un producto de mala calidad».
Entre otros aspectos, la subsecretaría Legal indicó que hay una auditoría en curso por las irregularidades detectadas en la adquisición de alimentos, pero también en su distribución. Se relevaron 1.201 comedores y merenderos anotados en el Registro Nacional de Comedores y el 50% de los mismos «son fantasmas, no funcionan como tal y uno estaba registrado donde en verdad hay un barrio privado.
Estos aspectos son parte de un expediente judicial que está en trámite en Comodoro Py.