El Consejo de Decanos y Decanas de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas (Codesoc) publicó recientemente un documento en el que definieron su rol en un contexto de “hostigamiento” como el actual. Lo hicieron en el marco de la reunión plenaria celebrada en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y aprovecharon para señalar la amenaza del “desfinanciamiento dramático” al sistema científico y las universidades.
Un escenario que, además, se vuelve más oscuro para las ciencias sociales, a menudo cuestionadas por una aparente “inutilidad” y por prácticas de “adoctrinamiento«; dos de los principales aspectos que emplean las voces oficialistas para cuestionar los aportes realizados por estas disciplinas. Frente a ello, las autoridades del área de todo el país se plantan y proclaman: “Esta debe ser la hora de las ciencias sociales y las humanidades”.
En diálogo con Página12, Julia Smola, presidenta pro tempore del Codesoc, expresa: “El que cuestiona a las ciencias sociales y humanas es el aspecto más antidemocrático del proyecto político libertario. Precisamente, se trata de disciplinas que realizan un aporte significativo al desarrollo democrático del país. Por eso, pasar a una etapa más propositiva es poner todos los esfuerzos de nuestro trabajo en la comprensión de las advertencias de lo que puede perderse, en la existencia de lo colectivo y la idea de comunidad que se proponen negar”.
Según la decana del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional General Sarmiento (Ungs), se intenta definir a la sociedad como un “conjunto de individuos aislados y egoístas”. Por el contrario, desde su perspectiva, todavía existen muchos valores comunitarios que vale la pena defender. En este sentido, resulta imposible afirmar que todas las solidaridades están erosionadas; un aspecto que pudo comprobarse de primera mano en la marcha universitaria masiva de abril. Desde aquí, la referente agrega: “La universidad es un ejemplo de funcionamiento correcto de lo público. Una institución que, al mismo tiempo, es muy prestigiosa y muy cercana. Incluso aquellos que no acceden la ven como algo accesible. Un derecho colectivo”.
Este papel activo de las ciencias sociales que Smola refiere también se lee en el documento difundido por Codesoc en XLI Plenario. “Son nuestras disciplinas las que pueden ofrecer algo de esclarecimiento sobre el momento político, económico y social que atravesamos. Es el pensamiento crítico el que puede contestar a este nuevo emergente anticientífico, anticultural, antisocial de dominación”. Y sigue: “Son nuestras reflexiones las que pueden ofrecer una palabra ética sobre la importancia de las instituciones y las políticas públicas que combaten la desigualdad, de las prácticas sociales que enarbolan principios como la Justicia Social, la Verdad, la Memoria y la Justicia”, expresa el texto de Codesoc, espacio de articulación de las ciencias sociales creado en 2001.
Las ciencias sociales pueden aportar enfoques críticos para la transformación social, a partir de análisis de políticas públicas; y, en paralelo, “analizar el orden establecido”, esto es, los fenómenos de la desigualdad y sus raíces históricas. Bárbara Couto, decana del Instituto del Conurbano de la Ungs y miembro de Codesoc, define la hoja de ruta. “Nos proponemos trabajar en la construcción de diagnósticos y propuestas de intervención para políticas públicas; aquello que se necesita para atenuar y revertir los procesos de desigualdades sociales. Sostenemos que el Estado debe ser el ordenador de las relaciones sociales y las universidades tienen un rol fundamental, en la medida en que no hacen ciencia desde un lugar aislado. Por el contrario, están emplazadas en territorios y trabajan con sus actores”.
Combatir la crueldad con solidaridad
Reflexionar en torno al rol de las ciencias sociales es una vía para quebrar sentidos comunes dominantes. Así lo explican los decanos en el documento: “Siempre existió violencia en la sociedad, pero este es un tiempo, que lejos de construir legitimidad a través de la empatía con un ‘otro’ en términos amplios, moviliza el goce en el dolor ajeno, un ensañamiento con las penurias en los miembros de la comunidad”. El padecimiento social se expresa en términos de crueldad.
La violencia, de este modo, se legitima, naturaliza e incluso se celebra. Como siempre, en tiempos de neoliberalismo –o anarcocapitalismo, tal como define su cara más actual y feroz– las ciencias sociales son las que se llevan la peor parte. Pues, a diferencia de las exactas y naturales, sus objetos de estudio parecen formar parte del marco de lo opinable. Así es como, en última instancia, la legitimidad de sus contribuciones es discutida. Este aspecto es el más explotado por el gobierno cuando critica el aporte de las sociales para justificar el ajuste. Un mecanismo que se reportó durante el macrismo, cuando emergieron las etiquetas de “Ñoquicet” para definir al Conicet y de “ñoquis” para caracterizar a sus investigadores; especialmente los que concentraban sus esfuerzos en el amplio campo de las ciencias sociales.
Bajo esta premisa, el documento brinda pistas para comprender la lógica subyacente del modus operandi oficial. “Advertimos que un hilo une los cuestionamientos que caen sobre las autoridades de nuestras casas de estudio con las amenazas de muerte que sufren militantes estudiantiles y diferentes miembros de la comunidad educativa en distintas partes del país. Este hilo se enlaza con la estigmatización a militantes y organizaciones sociales y el desfinanciamiento de agencias públicas de comunicación, de cultura y de promoción social”.
Sobre ello, Couto comparte su razonamiento. “Las sociales son fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico, vinculado a la ampliación de derechos y el reconocimiento de sujetos sociales. Hay una embestida sobre los más débiles, sobre las diversidades y mujeres, sobre las personas discapacitadas, así como también, sobre los movimientos sociales. Una embestida que no es casual. El rol nuestro fue clave al desnaturalizar las desigualdades y jerarquizar estos sujetos en la agenda pública durante el último tiempo”. E insiste: “Con menos Estado no vamos a poder resolver ningún problema. No se puede dejar afuera a la gente a partir de estigmas reiterados si el objetivo es construir gobernabilidad”.
Nuevos canales de diálogo
El problema, en la actualidad, es que los canales de diálogo entre las universidades, el sistema científico y el gobierno no fluyen de la mejor manera. “Sabemos que las posiciones con respecto al rol que debe desempeñar el Estado son difíciles de conciliar. Lo único que el gobierno hizo hasta ahora es desmantelar las capacidades construidas previamente. No obstante, nos parece que el diálogo con la sociedad tiene que ser prioritario. Nadie gobierna solo: hay que exigirle al Ejecutivo, pero también al Legislativo y al Poder Judicial”, comenta Couto.
Al respecto, Smola apunta: “El Poder Legislativo es el encargado de decidir sobre la apertura o cierre de universidades, su financiamiento y sus auditorías. Son facultades que se las arroga el Poder Ejecutivo, pero corresponden al parlamento”. Y continúa: “Hablamos continuamente con los legisladores que nos presentan proyectos para garantizar el funcionamiento de las instituciones de educación superior, pero también buscamos conversar con el Poder Judicial y pensar articulaciones más dinámicas”.
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