Después de las peores dos semanas desde que asumió Javier Milei, nada o casi nada le convendría más al relato libertario que Juan Grabois gane espacio en la agenda pública. Tanto sería así, que en el Gobierno hay quienes hasta festejan que el escándalo de la comida retenida en los galpones haya salido a la luz por una denuncia del enemigo piquetero.
Aunque parezca que lo disfrutara, Grabois tiene que atender varios frentes judiciales. Quizás, una de las peores sea una denuncia por supuestamente haber encabezado un desfalco en Mar Del Plata, enviando una montaña de dinero público para construir un barrio entero, con 54 casas, calles, luminarias, veredas, servicios de agua y cloaca. Sólo basta pegar un vistazo desinteresado a la promesa de vivienda propia para percibir el engaño.
El fiscal general de esa ciudad, Manuel Pettigiani, requirió la indagatoria de Grabois y su imputación bajo los delitos de administración fraudulenta y malversación de fondos públicos. También para Fernanda Miño, su lugarteniente piquetera que estuvo al frente de la SISU, Secretaría de Integración Socio Urbana, que a su vez manejaba los multimillonarios fondos del polémico FISU, fideicomiso implicado en varios proyectos sospechados por haber cometido irregularidades.
Las viviendas sin terminar por las que fue denunciado Grabois en Mar del Plata.Originariamente, la denuncia del fiscal cayó en un juzgado de Comodoro Py subrogado por Julián Ercolini, que se declaró incompetente y la derivó a la Justicia Federal de Mar del Plata. Pero el magistrado de instrucción de esa ciudad, Santiago Inchausti, que se formó como secretario de Ariel Lijo, tampoco quiso tomar la causa y la terminó rechazando.
Hablando en criollo, ninguno de los dos jueces quiere investigar a Juan Grabois. Ahora hay una pelea de competencia que deberá definir la Cámara de Casación. Lo más probable, según indican fuentes judiciales, es que la causa recaiga nuevamente en Ercolini.
El predio en cuestión, donde Grabois debería haber hecho el barrio, ocupa una superficie de seis manzanas. Fue donado por la tradicional familia Peralta Ramos. Pero el destino era para otro fin que no tiene nada que ver con el plan habitacional que quedó casi en la nada a pesar de haber gastado millones.
Juan Grabois se sacó cuando Ramiro Marra le dijo que había «choreado», con los fondos públicos. El dinero que envió el Gobierno nacional para las obras llegó de dos programas: por un lado el de «Casa Propia», del Ministerio de Desarrollo Social. «Fueron unos $370 millones», señala Pettigiani.
Pero el organismo que más plata habría pagado para hacer obras que se hicieron parcialmente o no se hicieron, habría sido el fideicomiso manejado por Miño. “A nosotros no nos cabe duda que la principal responsabilidad es de Grabois. En materia penal hablamos del dominio del hecho y el responsable es él por haber sido el que puso a la Secretaría de Integración Urbana y quien gestionó con el entonces gobierno de Alberto Fernández el otorgamiento de estos fondos“, sostuvo Pettigiani.
La denuncia también apunta contra la ex presidenta del Consejo Escolar de Mar del Plata, Natalia Russo. Sospechan que ella fue la que firmó la cesión de las seis manzanas para que Grabois pueda intentar construir ese barrio que no hizo.
Las viviendas sin terminar por las que fue denunciado Grabois en Mar del Plata.Ante una consulta de Clarín, Russo admitió que entregó las tierras, pero se desentendió de haber hecho algo ilegal ya que, según afirmó. «antes recibí la autorización de al menos tres ministerios del Gobierno de Kicillof que avalaron la sesión».
Un antecedente que enfrentó a Grabois con vecinos
No es la primera vez que Grabois tiene problemas en Mar del Plata. A fines de marzo del año pasado, cerca de 40 integrantes del MTE arribaron a una localidad y quisieron tomar un terreno que se ubican frente a la playa La Escondida. Vestían remeras con la leyenda “Tierra Techo Trabajo” y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
Fernanda Miño nació y vive en La Cava, San Isidro. Es del movimiento MTE, aliada a GraboisPretendían instalarse en el lugar y comenzar un proyecto que implicaba la creación de viviendas y huertas comunitarias, entre otras cosas. Esas tierras pertenecen al Estado nacional, tal cual consta en el catastro municipal.
Los vecinos se autoconvocaron para oponerse. Trataron de impedir la ocupación del terreno. Hubo discusiones y la policía provincial tuvo que intervenir para calmar los ánimos.
Grabois defendió la ocupación señalando que la propuesta de las personas para instalarse en el campo de unas 140 hectáreas era “producir sin agroquímicos para que toda la zona de General Pueyrredón tenga alimentos sanos y baratos”. Así, curiosamente indicó que no pretenden tomar el terreno, sino “prevenir cualquier tipo de ocupación”.
Además apuntó contra el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. “Generaron una situación de confusión porque quieren esa tierra para hacer countries. Por ejemplo, Montenegro, con la empresa de sus hijos”, acusó.