La cerealera Vicentin señaló hoy que está “haciendo el máximo esfuerzo para poder pagar lo antes posible” a los acreedores. La empresa, que está en concurso de acreedores desde febrero de 2020 y acumuló deudas por más de US$1500 millones, hizo ese anticipo en un comunicado luego que un grupo de acreedores granarios, liderados por Grassi/Commodities, cuestionara en un documento a productores autoconvocados, referentes políticos y cámaras comerciales de Avellaneda, Santa Fe, donde tiene sede la compañía, por pedir a la Corte Suprema de Justicia que habilite los pagos de la compañía. Vicentin dijo que tiene “confianza en el pronto pronunciamiento de la máxima instancia judicial en los términos ajustados a derecho” para que pueda hacer sus pagos. La firma elaboró una propuesta de pago a 12 años por la cual los acreedores terminarían haciéndose de alrededor de un 30% de las acreencias.
La semana pasada se difundió un documento desde una red de productores con la firma, entre otros, de empleados de la cerealera, la Asociación Civil Integrar Avellaneda, que agrupa a organizaciones comerciales, industriales y públicas del distrito Avellaneda, el Centro Industrial y Comercial Avellaneda; Gonzalo Braidot, intendente de la localidad; Orfilio Marcón, senador provincial; Emiliano Peralta, diputado provincial; Dionisio Scarpín, diputado provincial; Amalia Granata, diputada provincial y Marlen Spíndola, diputada con mandato cumplido. Allí expresaban: “Aprobada la propuesta de pago de Vicentin por amplia mayoría de acreedores -63% de las personas y 73% del capital- y homologado el acuerdo, una minoría ha planteado recursos de inconstitucionalidad e ido en queja a la Corte Suprema de Justicia provincial, dilatando una situación que se vuelve insostenible”. Y remarcaban: “Trabajadores de Vicentin, las fuerzas vivas del norte de Santa Fe, representantes de sectores productivos e instituciones públicas y privadas, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que termine con la incertidumbre y habilite la propuesta de pagos homologada”.
Tras esa comunicación, el grupo de acreedores granarios liderado por Grassi/Commodities, informó totalizan 73, respondió: “No tenemos dudas que quienes se expresaron ante el Máximo Tribunal Provincial son parte interesada o bien han sido manipulados por los mismos responsables de esta larga agonía que venimos sufriendo con el fin de presionar a los miembros de la Corte, y así consolidar su acto delictual realizado, profundizarlo con una quita ilegal de la deuda y finalmente, favorecer el desguace de la mayor agroexportadora de capitales argentinos”. Y solicitaban: “Hacemos un llamado a la Justicia para que no avale ni consolide la megaestafa perpetrada por Vicentin y sus directivos (menos aún la “impunidad” de éstos últimos) que lleva ya más de 5 años causando un profundo perjuicio y agonía a los verdaderos damnificados del proceso concursal”.
En este contexto, hoy se pronunció la cerealera. Por un lado, la firma aclaró que “no ha tenido participación alguna en la elaboración del documento señalado [por lo dicho por cámaras comerciales, autoconvocados y referentes políticos], ni ha participado en la búsqueda de firmas y apoyos”.
Luego apuntó “que no existe un fideicomiso de 73 acreedores granarios, ni ninguna comunicación formal dentro del trámite concursal que refiera al mismo”. Y detalló: “De la observación de la lista que algún medio publica con 70 nombres, se observa: a. Que uno (El Remanso SA) no es acreedor de Vicentin; b. Que otros cinco (Administradora Industrial y Agropecuaria SA, División Agropecuaria SA, El Choli SA, Granero del Oeste SA y Villarrica SA), aceptaron la propuesta, expresando formalmente su conformidad en el expediente concursal. C. Aún considerando la totalidad del listado, sólo representarían el 4,06 % de los acreedores y el 4,15 % del capital ($ 5.238.235.753 y U$S 17.823.782) – sin descontar el 0,80 % que apoyó la propuesta -. Vicentin no categorizó acreedores”.
Según señaló luego, “solamente uno de los acreedores, que se autodefine cómo granario aunque es un corredor de cereales, disconforme con los términos de la propuesta concursal -Commodities SA- en su momento promovió la avocación de la CSSF [Corte Suprema de Santa Fe] e impulsó la apertura del cramdown sin hacer una propuesta concreta y ahora está obstaculizando que todos los demás acreedores puedan encontrarse con el recupero de sus acreencias en los términos de la propuesta homologada”.
“Compartimos la preocupación de productores autoconvocados e instituciones de la sociedad civil por la demora en poder concretar el pago a todos los acreedores, injustamente postergados por más de dos años sin ninguna razón que lo justifique. Hacemos saber a la comunidad y a nuestros acreedores que estamos haciendo el máximo esfuerzo para poder pagar lo antes posible. Y que mantenemos la confianza en el pronto pronunciamiento de la máxima instancia judicial en los términos ajustados a derecho”, finalizó la empresa.
LA NACION