El mismo día en que Diputados comenzó a debatir en comisión los proyectos de privatización de Aerolíneas Argentinas, la Justicia le dio un revés al Gobierno cuando desestimó la denuncia que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, le hizo al líder de los pilotos, Pablo Biró.
Fue justo una semana después de que la funcionaria nacional anunciara que había ido contra el gremialista que la administración de Javier Milei tiene en el foco de la mira, a quien había acusado por “incitación a la violencia”. Esto tras dichos que Biró había pronunciado en radio, donde aseguró que el conflicto en la línea aérea de bandera se iba a poner “mucho peor” desde ese momento en adelante, mientras se recrudecían los embates desde Balcarce 50.
Según pudo averiguar LA NACION, el fiscal Franco Picardi le envió un escrito al juez Ariel Lijo, en cuyo juzgado había recaído la denuncia, para avisarle que no instruiría ninguna causa contra el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).
Mientras tanto, desde el sindicato abonaron esos dichos. “El fiscal directamente descartó la denuncia”, indicaron a este medio.
El vocero del sindicato, Juan Pablo Mazzieri, se expresó en X en el mismo sentido: “La Justicia desestimó la denuncia penal contra Pablo Biró de APLA. Estamos fuertes. Estamos convencidos”.
Más tarde, en Radio 10, Biró celebró la decisión del fiscal Picardi y le recordó a Bullrich que esta es la segunda presentación en su contra que queda dada de baja. “Esta campaña de demonización se les va a empezar a caer”, advirtió.
En diálogo con LA NACION, la ministra de Seguridad le respondió al gremialista. “Si él deja de parar el país, nadie lo va a demonizar. Si él amenaza, seguiremos por el camino de la denuncia”, le avisó y se limitó a decir sobre la decisión de Picardi: “Si así lo considera…”.
La medida no cayó bien en su cartera. Quien esbozó una réplica aún más fuerte fue el jefe legal del ministerio, Fernando Soto, que tildó como “una vergüenza” que ni siquiera se haya admitido la investigación. “Es una decisión política más que jurídica, porque los fiscales están para investigar, no para desestimar. Impedir que se investigue la posibilidad de la comisión de un delito de amenazas coactivas hace que el fiscal se arrogue la suerte de la investigación, que si bien es una facultad, su decisión está teñida de una motivación política”, arremetió ante este medio el funcionario, contra Picardi.
La denuncia
La presentación judicial desde el Ministerio de Seguridad surgió en un punto álgido de la disputa con el mundo sindical de los aeropuertos, luego de que Biró dijera en Radio Mitre: “El conflicto ya está grave y se va a poner mucho peor. El Gobierno está jugando todas la cartas muy fuerte y no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía. Vamos a defender el interés colectivo, vamos a recurrir a la Justicia con amparos y medidas cautelares”.
En sus redes sociales, Bullrich promocionó su denuncia con un video en el que se quejó por la afectación de los vuelos, en medio de las medidas de fuerza gremiales. “El Ministerio de Seguridad, en nombre de nuestro gobierno, ha decidido hacer una denuncia penal al señor Pablo Biró por sus declaraciones de incitación a la violencia permanente. Su objetivo es el caos permanente. Por eso lo hemos denunciado, para el bienestar y la tranquilidad de millones de argentinos”, aseguró. De fondo sonaba música de acción.
En tanto el tema salarial todavía no está resuelto, la buena noticia judicial para APLA y mala para la Casa Rosada llegó en medio de una movilización que los aeronáuticos montaron en el exterior del Congreso, para expresarse en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Dentro, a las 11, comenzó en la Comisión de Transportes y de Presupuesto de Diputados el tratamiento de dos proyectos (uno de Pro y otro de la Coalición Cívica) que buscan desligar al Estado de la compañía.
Al plenario desembarcaron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Transporte, Franco Mogetta; y el CEO de Aerolíneas, Fabián Lombardo, quienes fueron a defender la privatización en nombre del Gobierno, que precisa sí o sí el aval del Palacio Legislativo para avanzar en ese rumbo.
De momento, los bloques que están a favor de esta cuestión se muestran esperanzados de reunir las mismas voluntades que durante el tratamiento de la Ley Bases, cuando en Diputados la línea aérea quedó incluida entre las firmas a privatizar. Luego no consiguió las voluntades en el Senado y, para destrabar el megaproyecto, el Gobierno aceptó retirarla.
No obstante, deberán enfrentar una fuerte oposición que realizan el kirchnerismo y la izquierda. Así también el de un sector del radicalismo ligado a Facundo Manes, que no está del todo convencido y exige que esto no sea una discusión “a libro cerrado”.
“Los cielos no se venden, Aerolíneas Argentinas se defiende”, decía una de las banderas que desplegó la oposición antes de que comenzara el debate en comisión.