Cuando Sofía se separó del padre de su hijo, tuvo que pedirle con insistencia que siguiera cumpliendo con las obligaciones económicas que requería la crianza del chico. Al principio, el hombre solo le daba alimentos. Después, el aporte empezó a ser económico, aunque apenas cubría los gastos básicos. “Por suerte, el sindicato me da una mochila con útiles. Y las zapatillas se las compra el padrino”, dice.
Anabel, en cambio, no logró que el padre de sus hijos cumpliera con su parte en la crianza. Pero reclamar ante la Justicia no le parecía una opción viable: asistir a las audiencias implicaba dejar a los chicos sin alguien que los cuidara. “Entonces decís bueno, ya fue, busco otro laburo, porque te cansás. Pero que las madres tengamos dos o tres trabajos para cuidar a nuestros hijos hace que los chicos estén descuidados. Porque nosotras estamos trabajando y el padre no está”, se lamenta.
Los testimonios de ambas mujeres son parte del estudio “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” que hizo el Ministerio de Mujeres, Políticas de Genero y Diversidad Sexual bonaerense y expone que casi 7 de cada 10 mujeres en ese distrito no recibe la obligación alimentaria por parte del padre de sus hijos (51,2%) o la percibe eventualmente (15,2%).
Se trata de una problemática que las afecta en forma diferenciada en función de su nivel socioeconómico. “Principalmente para las mujeres trabajadoras y de sectores populares, esto significa incrementar los niveles de dependencia de otras redes, tanto económicas como de cuidado, ante la ausencia de los progenitores, o bien incrementar la cantidad de horas de trabajo”, puede leerse en el trabajo, que parte de un relevamiento hecho durante el segundo semestre de 2022, es decir, que esas cifras aún no registran el impacto de la escalada inflacionaria de parte de 2023 y el primer trimestre de 2024.
Al momento del informe, que incluyó más de 6000 consultas y una serie de entrevistas en profundidad, casi la mitad de las encuestadas mencionaba que el dinero que aportaba el progenitor no alcanzaba para cubrir gastos mínimos. El 33% consideraba que el aporte únicamente cubría alimentos, el 7% respondió que ese aporte monetario solo permitía cubrir gastos escolares o de salud, y el 2% mencionó que alcanza solamente para actividades extraescolares.
Alejandra Martínez, abogada y presidenta de la fundación Microjusticia Argentina, coincide en que esta problemática afecta especialmente a las mujeres de los sectores populares. “Por lo general, en esos sectores, los trabajos son informales y los hombres trabajan hasta los sábados. Así que, en el mejor de los casos, los progenitores aparecen el domingo por la tarde a ver a sus hijos. La crianza está muy lejos de ser pareja pero la mujer sí está obligada a poder con todo”, considera la letrada.
A partir de los casos de estas características que recibe en la organización, Martínez explica que en esos contextos es frecuente que, cuando una pareja se separa, el hombre se vaya a una pensión. “Mientras esté solo, difícilmente alquile una casa porque no puede mantener dos casas. Por eso, el panorama se complejiza si vuelve a formar familia y ni hablar si tiene otros hijos con su nueva pareja”, agrega.
Para cubrir el incumplimiento del padre de sus hijos, las mujeres recurren a todo tipo de estrategias. Desde trabajar más horas hasta pedir dinero prestado. Esta última modalidad fue reconocida por el 44 % de las encuestadas. Dentro de este universo, la modalidad más frecuentemente mencionada por las encuestadas, fue el prestamista informal (38%).
Pero la posibilidad de tomar otro trabajo, o de trabajar más horas, depende, casi siempre, de la edad de los chicos. “Si son muy chiquitos, ¿en dónde los dejan para ir a trabajar? Hay muy poquitos jardines maternales en los barrios populares. Y si consiguen vacante, ¿en dónde consiguen un trabajo significativo por esas pocas horas?”, se pregunta Martínez, quien reconoce que entre las mujeres con las que trabaja el panorama de estrategias de supervivencia es variable.
“Están las que giran en descubierto en Mercado Pago, las que se endeudan con la tarjeta para las compras de supermercado, las que van al prestamista del barrio, las que vuelven a la casa de los padres para que les cuiden a los chicos mientras ellas salen a trabajar, y las que empiezan emprendimientos: desde vender ollas o esencias hasta ser cajeras de casinos online. Sobreviven como pueden”, enumera.
Frente a este panorama, que no solo aumenta el peso de la crianza sobre las mujeres, sino que sobre todo vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes, en los próximos días la Cámara de Diputados de la Provincia tratará dos proyectos de ley que buscan fortalecer a las mujeres ante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los progenitores de sus hijos. Ambos fueron redactados por una mesa interministerial y presentados por el Ejecutivo para su tratamiento parlamentario.
Algunos de los cambios que introducirían estas normativas son el establecimiento de parámetros realistas para determinar el monto de la obligación alimentaria, como el Indice de la Canasta de Crianza del Indec, y toda una serie de medidas que buscan reducir la litigiosidad y el aceleramiento de procesos legales, por ejemplo, promoviendo las notificaciones vía WhatsApp. Ambos proyectos ya cuentan con media sanción y podrían tratarse la semana próxima.
“Es muy difícil notificar en los barrios populares. Tengo un caso en Laferrere en donde el oficial de Justicia no va a notificar porque dice que el barrio es peligroso. Entonces hay que pedir que vaya la Policía, pero te dicen que no tienen gente o que no tienen nafta para los móviles. Entonces, se te van meses en este proceso. Y ni hablar si el hombre no tiene un trabajo formal o no tiene actualizado su domicilio en el DNI, que suele ser lo más frecuente”, enumera Martínez.
Del total de las consultadas en la encuesta del Ministerio de Mujeres bonaerense, apenas el 10,7% pudo acordar el cumplimiento de las obligaciones sin la necesidad de la intervención de la Justicia. En el resto de los casos, se perciben trabas. “La mayor traba es la burocracia y la lentitud. Se preguntan ‘¿hago toda esta trama para qué? ¿Para que en vez de 5.000 que me pasa, me pase 7.000 y me meto en un montón de líos’?”, expresó una empleada del Poder Judicial consultada.
Pero el panorama es todavía más complejo: casi la mitad de las encuestadas (45,9%) dijo desconocer el marco normativo que determina y rige el cumplimiento de la obligación alimentaria. En ese contexto, es frecuente que consideren que el reclamo de la obligación alimentaria aparezca en los relatos como una manera de “rebuscársela”, una estrategia que deben desplegar para cubrir los gastos que demandan la crianza de sus hijos.
“Las mujeres mayores de 30 años, todavía ven al cumplimiento de esta obligación como una ayuda. Te dicen: ‘El padre no me ayuda’. Pero las más jóvenes, tienen más claro que se trata de una obligación y que su incumplimiento afecta a sus hijos”, concluye Martínez.
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