POLÍTICA
Ambos son procesados en el caso Pantalla, por irregularidades en la selección de jueces de la Corte Nacional
La Fiscalía General del Estado presentó 177 pruebas y solicitó el llamado a juicio contra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Anabel Torres, exjueza de Santo Domingo, por presunta asociación ilícita en el caso Pantalla. Durante la audiencia del 27 de mayo de 2025, el conjuez Edison Cantos validó lo actuado en el proceso. Además, la Fiscalía pidió a Interpol emitir una difusión roja contra Torres, quien se encuentra prófuga de la justicia desde hace varios meses.
El caso Pantalla investiga una presunta red de influencias y favores en el concurso para seleccionar jueces de la Corte Nacional de Justicia. La Unidad de Investigación Especializada en Transparencia reveló que varios funcionarios buscaban favorecer a determinados candidatos.
El fiscal subrogante Wilson Toainga también solicitó mantener las medidas cautelares vigentes. Testigos han señalado amenazas, repartos de cargos y presencia de grupos armados vinculados a Terán, quien habría intentado usar su influencia para una futura candidatura presidencial.
Según el artículo 370 del COIP, el delito de asociación ilícita conlleva penas de hasta cinco años de prisión. La audiencia continuará el miércoles 28 de mayo a las 10:00.
| La Derecha Diario
Este caso ha expuesto las consecuencias de un sistema judicial politizado y vulnerable, algo que durante años permitió que redes de poder manipularan concursos públicos. Las prácticas clientelares y la falta de controles efectivos muestran cómo el modelo correísta dejó estructuras debilitadas.
Mientras el país busca consolidar una justicia independiente, casos como Pantalla subrayan la urgencia de reformas profundas y vigilancia ciudadana sobre los procesos de selección y evaluación en el poder judicial.
La justicia debe fortalecerse no solo con castigos ejemplares, sino con instituciones transparentes que impidan la repetición de estas prácticas estructuralmente nocivas.
El caso Pantalla no solo implica a dos exfuncionarios, sino que representa un símbolo de las distorsiones institucionales que aún persisten. El juicio contra Terán y Torres debe marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción judicial heredada del pasado político reciente.
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