La Cámara de Diputados inició una extensa sesión impulsada por bloques opositores con el objetivo de debatir una serie de proyectos que el presidente Javier Milei rechaza por su impacto fiscal. Entre ellos, se destacan el refuerzo presupuestario a las universidades públicas y la declaración de emergencia sanitaria. La jornada se puso en marcha tras alcanzar el cuórum necesario —135 legisladores— gracias al respaldo de Unión por la Patria, espacios como Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, bloques provinciales críticos del Gobierno y un sector disidente de la UCR.
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Una de las claves de la convocatoria fue el acompañamiento de diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, quien, a diferencia de otros mandatarios provinciales, habilitó la participación de sus legisladores. Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge estuvieron presentes, mientras que Alejandra Torres no llegó a tiempo. Natalia De la Sota también colaboró, tras anunciar su propio espacio político. Este movimiento se enmarca en una postura crítica de Llaryora hacia la Casa Rosada, reflejada en su reciente participación en el espacio «Provincias Unidas», junto a otros gobernadores.
Mientras algunos mandatarios evitaron involucrarse —como Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) o Carlos Sadir (Jujuy)—, otros directamente se alinearon con el Gobierno y dejaron vacías las bancas de sus representantes. Fue el caso de Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), todos ellos aún en negociaciones con el oficialismo. Tampoco asistieron los bloques provinciales de Salta, Misiones y Río Negro, agrupados en Innovación Federal. La presidenta de esa bancada, Pamela Caletti, ocupó su banca por unos minutos, pero luego se retiró sin participar. Desde San Juan y San Luis tampoco hubo representantes.
Caso $Libra, Garrahan, Bahía Blanca, Impuesto a los combustibles, entre otros
El oficialismo, junto al PRO, intentó trabar el inicio del debate durante la reunión de labor parlamentaria, proponiendo una larga lista de oradores. Finalmente, se acordó una alternancia en el tratamiento del temario, que incluye además la reactivación de la comisión investigadora del caso $Libra y la revisión de cinco decretos presidenciales que el bloque de Unión por la Patria busca derogar.
Para los bloques opositores, el foco central está puesto en los proyectos vinculados a la educación superior y al hospital Garrahan. Ambos cuentan con dictamen favorable desde antes del receso invernal y podrían obtener media sanción, aunque se anticipa un posible veto presidencial, como ya ocurrió este año con una iniciativa similar referida al financiamiento universitario.
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El proyecto universitario propone recomponer los fondos destinados al funcionamiento de las casas de estudio, así como mejorar salarios docentes, no docentes y ampliar las becas estudiantiles. Las universidades vienen advirtiendo sobre el retraso presupuestario y la pérdida del poder adquisitivo del personal académico, estimada en un 35% según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La situación ya comenzó a impactar en la continuidad del segundo cuatrimestre y provocó la salida de miles de profesionales del sistema.
Además, la oposición intentará avanzar con propuestas para redistribuir impuestos y recursos como el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), dos temas que requieren destrabar la parálisis de la Comisión de Presupuesto, conducida por el oficialista José Luis Espert.
En cuanto al caso $Libra, se discutirá un nuevo esquema para reactivar la comisión investigadora. La bancada oficialista sostiene que el mandato ya caducó, pero un proyecto del diputado Maximiliano Ferraro busca romper el empate que impidió el avance de la investigación hasta ahora.
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También se debatirá la anulación de cinco decretos delegados impulsados por el Ejecutivo. Entre ellos, uno que eliminó Vialidad Nacional, otro que reformó el régimen de la Marina Mercante y limitó el derecho a huelga, y uno que transformó áreas clave del Ministerio de Economía. Asimismo, se cuestiona el decreto que reestructuró la Secretaría de Cultura y otro que modificó el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Por último, quedó fuera del temario el proyecto para rechazar el veto presidencial a la ayuda por $200.000 para Bahía Blanca tras las inundaciones, ya que su retiro fue aprobado al inicio de la sesión