Con el plazo vencido a las 9.30 horas de este miércoles, Cristina Kirchner y los demás condenados por el caso Vialidad no pagaron el decomiso de U$S 537 millones impuesto por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) como parte de la restitución del daño por la causa de corrupción. El juez Jorge Gorini, está en condiciones de iniciar el proceso de ejecución patrimonial. La ex presidenta a contrarreloj pidió la suspensión de esta instancia y rechazó el cálculo oficial del dinero a devolver.
El caso Vialidad expuso una maniobra defraudatoria que involucró la utilización del Estado para “beneficio personal”, 51 procesos licitatorios de direccionaron a favor un único conglomerado empresarial, el que le pertenecía a Lázaro Báez. Todo ello generó un perjuicio multimillonario al Estado.
En función de esa cifra que se había fijado en $ 85.000 millones, el juez Jorge Gorini pidió la actualización a los peritos de la Corte Suprema: más de $ 684.000 millones es la cifra avalada por el TOF 2 y exigida a los condenados para que, de forma voluntaria, paguen los responsables de la maniobra defraudatoria.
En la lista de los que debían depositar los fondos aparecen, además de la ex presidenta, Lázaro Báez, el ex Vialidad Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.
Como los condenados no cumplieron con lo ordenado por el juez Gorini, la instancia siguiente será la ejecución de los bienes embargados en el marco de este expediente, hasta llegar a cubrir la cifra que se fijó como el decomiso del caso Vialidad.
El magistrado junto con la intimación del pago, adoptó otras medidas tendientes a la ejecución de bienes. En este sentido ordenó ampliar el monto de la totalidad de los embargos trabados sobre los bienes inmuebles “que son objeto de cautela en el marco de esta causa, hasta cubrir la suma de $684.990.350.139,86, a cuyo fin se habrá de requerir a los registros correspondientes la actualización registral de los montos oportunamente informados”.
Cuando se intimó a los nueve condenados, encabezados por Cristina Kirchner, a que depositen en el plazo de diez días hábiles el dinero que expone el fraude ocasionado, el TOF 2 dijo: “De acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines».
En este contexto y antes de que venza el plazo impuesto por el TOF 2 la ex Presidenta pidió la suspensión de la ejecución patrimonial.
El primer lugar, consideró que el monto exigido era incorrecto y que -a lo sumo- la cifra es la calculado por su perito: poco más de 42.000 millones de pesos.
Al entender que la cifra está mal calculada pidió que la ejecución de bienes se suspenda. También porque sostuvo que su patrimonio al que calificó de legítimo, no fue resultado de la maniobra investigada motivo por el cual no puede ser alcanzado por un decomiso.
Anticipándose con la instancia que viene, Cristina Kirchner dijo que su patrimonio es legítimo y que nada de lo que tiene fue obtenido como resultado del delito investigado en la causa Vialidad, “por lo cual no puede ser decomisado”, señaló.
En primer lugar, será el Tribunal el que resuelva si concede el recurso y su efecto suspensivo para que finalmente, la Cámara de Casación se pronuncie sobre esta discusión.
Como contó Clarín, hay una discusión alrededor del patrimonio de Cristina Kirchner. La última declaración jurada mostró una fortuna sólo de $ 250 millones. No posee bienes inmuebles, ni participaciones accionarias de los hoteles e inmobiliaria de la familia, ya que en 2016 realizó una donación de su patrimonio, en partes iguales, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Aquel acervo patrimonial incluye 25 propiedades (casas, terrenos, locales comerciales, hoteles), tres empresas (Hotesur SA, Los Sauces SA y Co.Ma. SA) un vehículo y depósitos en dólares producto de los quince plazos fijos que heredó la ex Presidenta tras la sucesión de Néstor Kirchner.
Ante este caso que muchos consideran inédito, una fuente judicial con años en Comodoro Py explicó: “Para que un bien en materia penal sea susceptible de comiso, tiene que estar libre de todo gravamen. Además tiene que ser producto de, en este caso, un bien que ingresó al patrimonio, en este caso puede ser del hijo, y que no haya sido cuestionada jurídicamente la validez de la donación”.
Vale decir -continuó explicando la misma fuente-, “si la donación en su caso fuera cuestionada, esto podría llegar a tener consecuencias. Pero si el bien ingresa en el patrimonio de otra persona y eso se consolida y es válido, ya pasa a ser un bien de esa persona”.
En ese mismo sentido, fuentes allegadas al caso entienden que en el caso puntual de Cristina Kirchner, “ya no se trata del bien donado por la ex mandataria, sino que es el bien de la persona -en este caso sus hijos- a quienes se les donó todo”.
Sin embargo, parte de la biblioteca en Comodoro Py considera que los bienes de Cristina Kirchner donados a sus hijos “son decomisables, al menos el 50% que donó es decomisable. Además se trató de una donación a título gratuito, con lo cual podría ser alcanzable por una ejecución de bienes”.
Bajo ese mismo criterio otra fuente judicial, se refirió a este tipo de donación como un “título imperfecto”, es decir: “Una donación de estas características puede ser cuestionada por su naturaleza, en este caso puede ser cuestionada porque se concretó previo a la denuncia y a las medidas cautelares dictadas, por eso es un título imperfecto y tranquilamente pueden ser alcanzados por el decomiso”.