Superman logró frenar a la bestia. Y obligarla a razonar. Argentina salvó el 51% de las acciones de YPF gracias a la acción de un superhéroe judicial que entendió que lo reclamado por Burford Capital –y ratificado por la jueza Loretta Preska– era una utopía. Ese superhéroe se llama Steven J. Menashi, juez de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, quien llevó la instrucción del fallo de fondo y abrió la puerta para que el gobierno de EE.UU. se convirtiera en gran defensor del país en sus tribunales.
La decisión implica que Argentina no deberá entregar el 51% de las acciones estatales hasta que se defina la apelación, algo que podría ocurrir a fin de año o en 2026. Además, se autorizó la participación como amicus del Departamento de Justicia estadounidense, que respalda la posición argentina. El fallo garantiza que la República conserve el control mayoritario de la petrolera mientras avanza el proceso, un paso decisivo en defensa de un activo estratégico.
La Corte de Apelaciones suspendió la orden de entrega dictada el 30 de junio, sin afectar la apelación de fondo contra la sentencia de septiembre de 2023, que condena al país a pagar US$ 16 mil millones más intereses. Ese fallo es consecuencia de décadas de estatismo y políticas intervencionistas.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Durante más de diez años, distintas administraciones no resolvieron el litigio. Hoy, bajo la gestión de Javier Milei, Argentina ejerce su defensa usando todas las herramientas legales para resguardar intereses nacionales.
La segunda instancia reconoció que el fallo de Preska se extralimitó al avalar el reclamo de Burford y Eton Park, quien buscaban embargar el 51% de las acciones. Si se hubiera acatado, el 31 de julio el Gobierno debería haber entregado papeles por unos US$ 6.300 millones, apenas una fracción de la condena total.
El escrito urgente presentado por los abogados de Sullivan & Cromwell el 18 de julio fue clave: explicaron que, aun si Milei quisiera entregar las acciones (no quiere), solo podría hacerlo con una ley del Congreso aprobada por dos tercios de los presentes, algo inviable antes del plazo fijado por Preska. Esta imposibilidad fue desoída por la jueza, quien el 10 de julio ratificó su decisión y amenazó con declarar a Argentina en desacato.
Sin la intervención de la Cámara, el 1° de agosto esa sería la realidad, con riesgo país disparado por encima de mil puntos.
Entonces apareció el “Superman” de Manhattan. Menashi, nombrado por Donald Trump y de perfil conservador, tomó el caso, suspendió la entrega de acciones, separó responsabilidades de YPF, fijó plazos de reflexión y anunció un Comité de Negociaciones para explorar un acuerdo de pago.
Fue más allá: escribió que Argentina no podía cumplir con el fallo de Preska, reconoció la protección legal de las acciones y abrió la posibilidad de revisar el monto de US$ 16 mil millones por considerarlo exacerbado.
En Buenos Aires se interpreta que Menashi actúa con cierta camaradería conservadora, ayudando al país.
La semana previa, la Cámara también había cerrado favorablemente el caso por el manejo del PBI 2013 y el no pago del cupón atado al crecimiento, ahorrando a Argentina US$ 450 millones.
El país goza así de un viento de cola judicial desde el Distrito Sur de Manhattan, con un jurado más permeable a considerar sus dificultades para cumplir el fallo de primera instancia sobre la reestatización de YPF.
Conviene repasar el origen: el juicio no es por reestatizar, sino por cómo se hizo. El estatuto de privatización de 1992 incluía una oferta pública de adquisición (OPA) para cualquier toma de acciones privadas. Desde que en 1993 Argentina cotizó parte de YPF en la Bolsa de Nueva York, aceptó las normas de la SEC, que obligaban a aplicar la OPA. En 2012, al pagar US$ 6 mil millones a Repsol, no se aplicó. Además, se dejaron de distribuir dividendos, afectando al Grupo Petersen, que había acordado pagar parte de su 25,46% con esos fondos. Sin dividendos, Petersen cayó en concurso y luego en quiebra en Madrid.
El síndico vendió la causa el 4 de mayo de 2015. Burford la compró por US$ 15 millones a través de Prospect Capital, luego invirtió US$ 70 millones más. En septiembre de 2015 presentó la demanda en Nueva York, que quedó en manos de Preska, heredera de Thomas Griesa.
En marzo de 2019, la jueza definió que las normas de la SEC prevalecen sobre las leyes locales.
En septiembre de 2023 falló a favor de Burford y Eton Park, señalando que Argentina debió extender a todos los accionistas la oferta hecha a Repsol.
La jurisprudencia estadounidense respaldaba esa obligación: si el país cotizaba en Wall Street, debía respetar las reglas del mercado de capitales norteamericano.