Por Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
Las comisiones temáticas de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial emitieron sus dictámenes. Los mismos serán tenidos en cuenta para la redacción final de la Carta Magna, que comenzará esta semana. La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías avanza en el reconocimiento constitucional del derecho al ambiente y al agua; propone medidas positivas ante la discriminación y la consagración de nuevos derechos.
Desde el bloque de La Libertad Avanza, cuyos representantes en la comisión son Juan Pedro Aleart y Elisabet Vidal, se oponen al derecho al agua para los santafesinos y a las medidas antidiscriminatorias.
Medidas de acción positiva
El dictamen de mayoría, que lleva la firma de las y los convencionales de Unidos, Más para Santa Fe, Activemos y del Frente por la Esperanza, reconoce «la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas». En ese marco, propone que el texto constitucional exprese el compromiso del Estado para «adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación, sin perjuicio de otros grupos que se encuentren en situación de desventaja estructural».
Al respecto, consagra medidas en defensa de:
-La protección integral de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo a su interés superior y al derecho a ser escuchados de acuerdo a su autonomía progresiva.
-El principio de participación paritaria de las mujeres, la igualdad sustantiva de ellas y las diversidades en todos los ámbitos, garantizando la protección integral frente a toda forma de violencia y discriminación.
-El rol activo de las juventudes en la vida social, económica, política y cultural, asegurando mecanismos institucionales para la real participación y toma de decisiones.
-El cuidado de las personas mayores que garantice su dignidad, autonomía e independencia.
-La participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, promoviendo los apoyos y ajustes razonables, con enfoque de diseño universal y accesibilidad.
-La preexistencia y persistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y sus comunidades.
-El abordaje de la indigencia, la pobreza y la exclusión.
-La promoción de la equidad territorial para superar la discriminación por razones geográficas en la Provincia.
En otro dictamen, Activemos propone la incorporación del derecho al deporte y su promoción por parte del Estado. También el derecho de todo habitante a tener un punto de conexión eléctrica, por medio de energías convencionales o renovables.
Desde Somos Vida y Libertad sugieren que el artículo referido a estas medidas se redacte de la siguiente forma: «El Estado provincial garantiza la igualdad ante la ley y la no discriminación en el ejercicio de los derechos. A tal fin, podrá promover medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, removiendo los obstáculos que impidan su pleno goce. Estas medidas deberán ser temporales, razonables, proporcionales y evaluables. No serán consideradas discriminatorias en tanto persigan fines legítimos de equidad, integración y justicia, y no generen privilegios permanentes ni afecten derechos de terceros».
Sin embargo, el bloque de La Libertad Avanza, argumenta para no apoyar la inclusión de este artículo: «Todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. La protección y promoción de los derechos humanos no puede sustentarse en políticas de discriminación inversa, medidas de acción positiva, cupos de género; ni utilizar categorías tales como preferencias sexuales, origen étnico o racial, condición social, ideas políticas, ni ninguna otra que viole el principio de igualdad ante la ley».
Derecho al agua
El bloque del oficialismo nacional se opone también al derecho al agua, aunque sin dar explicaciones. En su dictamen se lee, simplemente: «Rechazase la incorporación de artículos específicos referidos a “derecho al agua” en la Constitución de la Provincia de Santa Fe» (sic).
El dictamen de mayoría, que propone incluir este derecho conforme lo establecido en la Ley de Necesidad de Reforma, señala: «El agua es un bien colectivo de uso común e indivisible, esencial para la vida humana, de los ecosistemas y para el desarrollo productivo. Tiene una función social y ambiental y goza de especial protección desde una perspectiva sistémica. Toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento».
Dice, además, que «el Estado estructura la política pública de gestión integrada, sostenible y planificada de los recursos hídricos con base en la seguridad hídrica, la equidad intergeneracional, el ordenamiento territorial, el establecimiento de cuencas hidrográficas, la preservación del ciclo hidrológico y de los humedales, la interpretación más favorable a la protección de los recursos de agua y ecosistemas conexos, la información pública y la participación ciudadana».
Y que «la Provincia puede realizar acuerdos con otras jurisdicciones para la elaboración, implementación y evaluación de políticas de gestión, desarrollo y preservación de las cuencas interjurisdiccionales».
Derecho al Ambiente
En cuanto al derecho al ambiente, el dictamen mayoritario propone el reconocimiento del derecho de toda persona «a gozar de un ambiente sano, equilibrado, sostenible y apto para el desarrollo humano, así como el deber de cuidarlo y protegerlo con enfoque intergeneracional y de colaborar con la acción climática».
Define que «el ambiente es un bien colectivo» y señala que la Provincia debe establecer «políticas públicas y mecanismos especiales de protección con base en los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad y no regresividad, responsabilidad, solidaridad y en los derechos de acceso a la información pública ambiental, participación ciudadana, acceso a la justicia y educación ambiental».
«La Provincia debe establecer sistemas de protección de la naturaleza, de las especies nativas y de los ecosistemas y adoptar medidas en defensa de los animales para asegurar su bienestar y protección, conforme lo establezca la ley. Identifica áreas naturales protegidas e impulsa la sostenibilidad ambiental, social y económica de las actividades que se desarrollen en su territorio y una transición justa. Adopta las medidas urgentes y necesarias para hacer cesar las acciones que puedan producir en forma actual o inminente un daño al ambiente», agrega.
El texto propuesto por mayoría también afirma: «De manera progresiva se debe establecer una política climática que incluya mitigación y adaptación al cambio climático, contemplando herramientas para la prevención, el logro de mayor resiliencia y facilitar la transición ecológica y energética. Debe integrar la perspectiva climática en sus políticas públicas de acuerdo con los principios establecidos en esta Constitución. La Provincia debe impulsar la gobernanza ambiental y climática multinivel, intersectorial y multidisciplinaria».
El dictamen de La Libertad Avanza reconoce también el derecho a un ambiente sano. Sin embargo, conforme a su ideario de beneficiar a los sectores concentrados de la economía, pone en cabeza del Estado la elaboración de estudios de impacto ambiental para restringir una actividad económica que potencialmente pueda afectar este derecho. Dice al respecto: «Las autoridades provinciales no podrán adoptar decisiones que prohíban, limiten o restrinjan actividades productivas lícitas sin una evaluación previa que fundamente su impacto ambiental, económico y social. Se promoverá un equilibrio razonable entre la protección ambiental y el desarrollo de las actividades que generen empleo, valor agregado y contribuyan al crecimiento de la Provincia y la Nación.”
Consumidores, derechos digitales y culturales
Entre los nuevos derechos, se incorporan también los derechos digitales, de consumidores y usuarios y culturales.
El dictamen mayoritario indica que la provincia impulsará «el desarrollo y uso ético de las tecnologías de manera segura y orientadas al bien común, preservando la centralidad y la dignidad de la persona humana» y que. «toda persona tiene derecho al acceso universal, equitativo, asequible, sin discriminación, continuo y de calidad a la tecnología, a la conectividad y a la infraestructura tecnológica». También se promueve la construcción de una «ciudadanía digital inclusiva, garantizando la alfabetización digital crítica, el respeto a la privacidad, la autonomía mental y la no manipulación de pensamientos, emociones, acciones o decisiones mediante el uso de tecnologías, asegurando siempre el consentimiento libre, expreso, informado y revocable». Y propone adoptar políticas integrales de ciberseguridad y procura un espacio digital libre de violencia, con especial protección de niños, niñas y adolescentes. Además establece el derecho a la protección de datos personales.
La Provincia reconoce a la ciencia, la tecnología y la innovación como un bien común de la sociedad, un derecho de las personas y una herramienta estratégica para el desarrollo socio productivo, sustentable e inclusivo.
En cuanto a los consumidores, reconoce su derecho a la dignidad; a la educación; al acceso al consumo sustentable, seguro y de calidad; a la salud; a la protección de su privacidad; a la indemnidad personal y patrimonial, conforme los principios de prevención, precaución y de reparación integral; a la información; al acceso gratuito a la justicia y tutela judicial efectiva; a asociarse para la defensa de estos derechos, entre otros.
Sobre el derecho a la cultura, el acuerdo mayoritario es incluir el siguiente artículo:
«Toda persona tiene derecho a participar y gozar en condiciones de igualdad de la vida cultural, a expresar libremente su identidad y a ejercer sus derechos culturales sin discriminación. La provincia garantiza el respeto por la diversidad cultural y promueve el diálogo intercultural, la libre creación y expresión artística y la difusión de la cultura local en sus múltiples formas y manifestaciones. Genera mecanismos de articulación entre el sector público, privado y comunitario para la promoción y sostenibilidad de proyectos culturales, fomentando marcos normativos que estimulen la inversión con criterios de equidad territorial, inclusión social y pluralismo. Las personas y comunidades gozan del derecho colectivo al disfrute, acceso, conservación y transmisión del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluyendo aquel de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico y paleontológico.
La provincia tiene el deber de proteger, preservar, promover y desarrollar dicho patrimonio, adoptando medidas adecuadas para garantizar su sostenibilidad y su transmisión a las futuras generaciones.
Toda persona tiene el deber de cooperar con la preservación y valoración del patrimonio cultural en el marco del respeto por el interés público y los derechos fundamentales. La provincia respalda y fomenta el funcionamiento y las actividades de las bibliotecas públicas y populares. Los sitios, archivos y espacios de memoria forman parte del patrimonio cultural de la provincia y el Estado garantiza su preservación, señalización y promoción activa».
Todos los dictámenes de las comisiones de la Convención Reformadora se pueden consultar en el siguiente link: https://sf.gob.ar/dictamenes.