Especial para El Ciudadano
Santa Fe reformó su Constitución. El gobernador, Maximiliano Pullaro, logró lo que no pudieron sus antecesores Jorge Obeid, Hermes Binner, Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz: reunir los votos necesarios en la Legislatura para avanzar hacia una reforma constitucional provincial. En la modificación de la Carta Magna se cifró el Pacto de Olivos santafesino, el acuerdo político que le permitirá a quien asuma la gobernación de la provincia tener dos mandatos consecutivos. El primer beneficiado, por una cláusula transitoria votada en la Convención por el radicalismo, el socialismo y parte del peronismo, es el propio Pullaro, quien además de ser el gobernador fue también uno de los 69 convencionales.
Esta reforma llega en un momento en que gran parte de la población santafesina vive en la pobreza y en que la sociedad organizada –subrayo el adjetivo– aprendió lecciones de práctica política del pasado reciente. Ningún derecho conseguido a través de leyes en democracia fue un regalo. Y eso se aprendió en reuniones, en lobby hecho a pulmón –contra el lobby caro de las empresas–, en ocupar la calle y el espacio público durante largas horas. En aprender los laberintos institucionales con la certeza de que una legislación determinada habilitará u obturará políticas necesarias.
Esta reforma no fue una necesidad popular, planteada desde las bases, fogoneada en piquetes, escrita en pancartas, reclamada desde los barrios de las ciudades ni desde las familias campesinas. Fue una reforma política del Estado impulsada desde el Estado. En el marco de una crisis de representación, este tema resultó ajeno para gran parte de la ciudadanía. La baja participación en las elecciones de abril lo demostró.
La forma de resolver la sombra de la falta de legitimidad fue la convocatoria a la participación ciudadana. Y, abierto el juego, había que incidir. A ese juego acudieron las organizaciones, las iglesias, las empresas. La sociedad organizada. Quienes saben que lo que diga la Constitución de hoy ordenará las posibilidades de incidencia futuras.
Ni la política ni lo jurídico son aspectos neutrales de la vida en sociedad. La letra de una constitución se interpreta a las luz de intereses sectoriales, incluso gubernamentales. La intérprete última es la Corte Suprema, de allí la tensión existente entre ese poder y el Ejecutivo y el Legislativo en orden a la selección de magistrados. Pero, en última instancia, el componente político de lo jurídico se disputa en la interpretación de la norma. Al significado que se les da a las palabras escritas en el articulado. La semántica, entonces, resulta clave.
En el texto constitucional hubo acuerdos, hubo consensos. Se reconocieron nuevos derechos, como el derecho a la alimentación, al ambiente sano, al agua. Pero en el texto hay omisiones. La diversidad sexual, el pueblo afrodescendiente, los derechos de la naturaleza, la educación sexual integral son ejemplos. También lo es la resistencia al verbo “garantizar”, reemplazado en más de un artículo por otros como “favorecer”. La acción de garantizar es relevante porque, en el lenguaje de los derechos humanos, señala al garante. Es decir, al Estado, que es quien debe responder para que todo lo que se escribió impacte realmente en la vida de las personas.
La puja por la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones (cambio que favoreció a las y los trabajadores) y por que se borre la palabra “nacionales” en referencia a las universidades que podrán participar en la elección de jueces (cambio que benefició a universidades privadas como la UCA) son una muestra de la incidencia de las organizaciones que participaron del proceso.
Si al inicio de la convención era evidente la necesidad de participación ciudadana para legitimar el proceso, al finalizar se abre la pregunta sobre cómo una reforma que provino del Estado y que –a simple vista– sólo toca temas “de la política” puede ser operativo para la ciudadanía en general, militante o no. Nadie va a reclamar por un derecho que no sabe que existe. Nadie va a profundizar en la “voluntad del legislador” si no tiene las herramientas para conocer lo legislado (incluidas por ejemplo las versiones taquigráficas de las sesiones). Nadie va a saber que dos meses de debate público tuvieron que ver con su vida privada si el lenguaje político sigue sonando abstracto y ajeno.
Más aún, si evidentemente la reforma es política y todos los partidos coinciden en plegarse al discurso antipolítica sin dar un debate genuino sobre qué se entiende por “política” y cuáles son los caminos para resolver sus falencias.
Más aún si los distintos poderes del Estado no dejan de incumplir una Constitución nacional vigente desde hace más de 30 años. La vulneración de los derechos sociales, de los derechos económicos, de los derechos indígenas son un ejemplo. La celebrada “ficha limpia” (incluida en la reforma santafesina) es otro.
Se requiere decisión política para que la Constitución sea efectiva. Se necesitan políticas para garantizar el derecho a la alimentación, se necesitan leyes y medidas concretas para que el modelo productivo no vulnere el derecho de las personas al agua; solo por citar algunos ejemplos.
Voces
Minutos antes de jurar la nueva Constitución, Pullaro dijo a los medios presentes: “La ciudadanía participó, la gente de los ciudadanos que quisieron, hubo más de 700 proyectos que ingresaron de ciudadanos que estaban interiorizados, que querían participar. Fue un proceso abierto”.
El gobernador expresó: “La nueva Constitución va a ir tomando cuerpo, va a ir tomando vida con el tiempo y la gente va a ir incorporando los nuevos derechos”.
El convencional Pablo Farías, del PS, manifestó: “Todos tuvimos la capacidad de ceder algo para ponernos de acuerdo, salvo los que decidieron mantenerse al margen del proceso de búsqueda de consenso. La gran mayoría tuvimos la convicción de que los destinos de la provincia necesitan una mejor Constitución y que esa Constitución solamente puede ser mejor y ser buena en la medida en que nos contenga y nos represente a la mayoría y no solo un bloque político. Creo que esa fue la característica de esta convención”.
La convencional Gisel Mahmud, del mismo partido, se expresó también en esa línea: “Fue un gran aprendizaje para todos respecto a podernos de acuerdo, de poder interpretar otras miradas, de poder escuchar a un montón de sectores de la sociedad”.
Anticipó: “Podríamos a pensar en un montón de proyectos para que la ciudadanía se apropie, pero lo primero que tenemos que hacer para que la ciudadanía empiece a disfrutar de esta Constitución es regular las normas que hacen falta para que todo esto sea operativo. Así que en eso estaremos trabajando como legisladores”.
Lucila de Ponti, del bloque justicialista Más para Santa Fe, señaló: “Obviamente que son mayoría y la posición que prevaleció siempre fue la del oficialismo, pero nosotros hemos podido incorporar muchas cuestiones”. Y aseguró que desde el PJ se hicieron propuestas que fueron contempladas. Además advirtió que el proceso que se abre ahora es central para que lo escrito y jurado no quede en letra muerta.
Rubén Giustiniani, del bloque Activemos, consideró que en el proceso constituyente hubo “diálogo y confrontación de ideas”. El convencional evaluó: “Ante la realidad de un país de violencia verbal, de descalificación, de discriminación que vemos en los más altos estamentos del poder, fue importante que Santa Fe exprese convivencia democrática”.
Balance provisional
Hay consenso, al menos entre los partidos tradicionales, en que hubo consenso. Quienes votaron en contra de la mayoría de los artículos de la nueva constitución (La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad) legitimaron el proceso en el momento mismo en que presentaron sus candidaturas para la convención.
Con el diario del lunes, surge la pregunta: ¿a quién le sirvió esta Reforma? Le sirvió a los partidos políticos, ante todo. Las estructuras partidarias debieron escribir su plataforma política, dejar asentados sus posicionamientos institucionales, hacer la tarea de elaborar consensos. Fue una gimnasia que no viene mal cuando las elecciones provinciales ya pasaron y falta un trecho para 2027. Incluso le sirvió a los espacios políticos opositores a la reforma (Somos Vida y Libertad y La Libertad Avanza) para posicionarse electoralmente. Las sesiones, los minutos de uso de palabra, el registro-archivo, les proporcionó un andamio para expresar su plataforma. El peronismo pudo dejar asentada su posición pero también buscará capitalizar lo que pudo introducir desde el bloque Más para Santa Fe. Habrá que ver cómo se ordena el tablero entre el socialismo y el radicalismo: los votos del partido de la rosa fueron decisivos para que la UCR pudiera ampliar su margen en las votaciones. Pero adentrarse en ese análisis es hacer futurología.
También las organizaciones sociales ampliaron sus redes de comunicación a partir de la necesidad de dar discusiones fuera y dentro del recinto.
¿A quién le servirá esta Reforma? El camino que queda por delante es operativizar los derechos, hacerlos palpables, convertirlos en herramientas concretas que reparen un tejido social roto por el discurso anti-Estado. Fortalecer la democracia. Está claro que los derechos no son regalos pero para buena parte de la ciudadanía pueden ser, hoy sobre todo, abstracciones, entelequias. Habrá que hacer que esta reforma, de la política para la política, se democratice y adquiere un peso específico en la vida cotidiana de las personas.