El exministro de Economía y Planificación de Cuba Alejandro Gil Fernández, a quien se juzga desde este martes en el Tribunal Supremo por corrupción y espionaje, es el perfil político más destacado que cae en desgracia en la isla en al menos 15 años.
Estrecho colaborador del presidente, Miguel Díaz-Canel, Gil tuvo un 2024 agitado, en el que pasó de lo más alto a lo más bajo. En poco más de un mes, tras ser responsable de la implementación de reformas económicas clave, fue despedido y detenido, acusado de “errores graves” en su gestión.
La Fiscalía General de la República lo acusó formalmente de once delitos, entre ellos espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal y lavado de activos.
La acusación de espionaje enmarcó el juicio en otra narrativa y generó un intenso debate social, con voces que consideraban que esta última acusación buscaba garantizar el hermetismo del proceso, mientras otros lo ven como evidencia de pujas internas en el poder del país.
Alejandro Gil, ingeniero en explotación del transporte, hizo su carrera profesional previa en la empresa estatal cubana, tanto en la isla como en el extranjero, y en puestos intermedios del Ministerio de Finanzas y Precios. En julio de 2018 fue nombrado ministro de Economía y Planificación como una de las caras nuevas que llegaron al Ejecutivo cuando Díaz-Canel accedió a la presidencia en sustitución de Raúl Castro.
Después asumió como uno de los vice primeros ministros del país y accedió al Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), convirtiéndose en una figura política de peso.
El fracaso de Tarea Ordenamiento
Entre sus misiones principales estuvo la implementación de la gran reforma de 2021 (que había sido diseñada antes de su llegada al cargo), que trató de poner fin al uso de una doble moneda en Cuba. La controvertida Tarea Ordenamiento resultó un fracaso que hundió el valor del peso y abrió las puertas a la dolarización en la isla.
También fue el encargado de aplicar las primeras medidas de ajuste para tratar de estabilizar la economía. Entre ellas destacó una polémica subida de los combustibles, con incrementos de hasta el 400 %.
El 2 de febrero de 2024 se comunicó la salida de Gil sin grandes explicaciones, lo que entonces se interpretó mayoritariamente como una decisión política tras una serie de reveses en la aplicación de reformas económicas que estaban generando un amplio malestar social. Apenas un mes después, Diaz-Canel emitió un inusual comunicado en el que dijo que tras una “rigurosa investigación” se habían detectado “graves errores” en la conducta de Gil y que el exministro había reconocido “graves imputaciones”.
El gobierno «nunca ha permitido ni permitirá jamás la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad», aseguró entonces el presidente sin aportar detalles. Sólo ahora la fiscalía indicó cuáles son los delitos, aunque sin aclarar los hechos.