El análisis de la consigna “Cristina libre” exige una ruptura con la interpretación reduccionista que la ubica apenas como consigna, una mera estrategia de ingeniería electoral.
Desde una perspectiva de ciencia política y derecho constitucional, este reclamo se constituye como una interpelación profunda a la calidad de la democracia procedimental y sustantiva en la Argentina contemporánea.
Lo que se debate bajo esta premisa no es la conformación de una oferta electoral, sino la vigencia de los principios de soberanía popular y la imparcialidad del aparato judicial en un contexto de creciente judicialización de la política.
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La situación jurídica de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se inscribe en el fenómeno regional denominado lawfare.
Este concepto describe el uso estratégico de los instrumentos legales y procesos judiciales para neutralizar o inhabilitar a líderes de movimientos populares. La condena en la causa Vialidad, que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, representa una anomalía en el Estado de derecho si se analiza bajo el prisma del debido proceso y el principio de defensa en juicio.
La proscripción fáctica de una figura con tal representatividad de masas no es un incidente administrativo, sino una vulneración a los derechos políticos consagrados en pactos internacionales. Cuando la Justicia interviene de manera asimétrica para retirar a un actor del escenario de competencia, el sistema político sufre una distorsión de origen: la soberanía ya no reside exclusivamente en el cuerpo electoral, sino que queda supeditada a un poder no electivo con capacidad de veto sobre la representación social.
Sin liderazgos de masas disponibles no deben extrañar por caso los resultados de la encuesta realizada por la UBA sobre jóvenes, valores, política y democracia donde, por citar un solo dato, de los 2.494 estudiantes escolarizados/as de entre 16 y 19 años entrevistados, el 81% ni siquiera ya habla de política con sus amigos.
La vigencia de “Cristina libre” responde a la necesidad de restaurar el contrato social básico de 1983 ya vulnerado por el intento de femimagnicidio, el apresamiento y la proscripción.
La democracia argentina se fundamenta en que los conflictos de modelos de país deben dirimirse en la arena política y a través del sufragio universal. La utilización de sentencias para disciplinar liderazgos genera una erosión de la legitimidad institucional. En este sentido, la libertad de Cristina Kirchner se traduce en la libertad del sistema político para operar sin tutelas externas ni condicionamientos judiciales.
La proscripción de liderazgos populares históricamente deriva en crisis de estabilidad y desafección ciudadana. Si el electorado percibe que sus opciones están preconfiguradas por decisiones de escritorio, la democracia se vacía de contenido transformador y se convierte en un rito formal desprovisto de potencia política. Por tanto, exigir el cese de la persecución no es un acto de defensa corporativa, sino un imperativo para garantizar que el voto siga siendo la herramienta soberana de decisión nacional.
En conclusión, “Cristina libre” debe entenderse como restauración de un escenario de plena libertad para los referentes de las mayorías es la condición necesaria para cualquier debate sobre el futuro. Sin una Justicia independiente y sin la eliminación de trabas que condicionan la competencia, la democracia argentina enfrenta un riesgo de degradación irreversible. La consigna es una defensa del derecho del pueblo a elegir sin restricciones, asegurando que la política recupere su lugar como el único motor legítimo de transformación social.
* Director de Consultora Equis.