Un adolescente con discapacidad, asistido por organizaciones de derechos humanos, consiguió que la Justicia revierta una medida que lo trasladaba a educación especial sin haberlo consultado, reafirmando su derecho a la educación inclusiva.
Un joven de 17 años con discapacidad logró, mediante una presentación judicial, revertir una decisión que ordenaba su cambio de la escuela común a una institución de educación especial, medida que se había tomado sin escuchar su opinión. El caso ocurrió en el ámbito de la Justicia provincial.
El adolescente, identificado como Mateo, había transitado más de 15 años en el sistema educativo común y se encontraba a dos años de finalizar la escuela secundaria cuando un juez dispuso el cambio de su trayectoria educativa. Esta decisión se tomó sin que él fuera consultado y sin que se le designara un abogado del niño, a pesar de su discapacidad.
Con el apoyo legal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata, Mateo se presentó en el juicio. En su reclamo, solicitó que se respetara su derecho a decidir sobre su propio proyecto de vida y argumentó que la medida judicial violaba su derecho a la educación inclusiva, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
«Tengo claro que mi deseo no es solo un deseo, sino también un derecho», expresó el joven en su presentación, destacando que su voluntad debía ser prioritaria.
Luego de una presentación escrita y de una reunión personal con el magistrado, el juez revirtió su propia decisión. Reconoció el derecho del adolescente a elegir y ordenó la continuidad de su trayectoria escolar en una escuela secundaria de modalidad común, lo que le permitirá obtener su título y aspirar a mejores oportunidades laborales.
El caso pone en evidencia los desafíos que enfrentan muchas personas con discapacidad en el sistema judicial, donde a veces se ven limitadas en su capacidad de decisión. La solución alcanzada en este proceso subraya la importancia de garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en los asuntos que las afectan y de alinear las decisiones judiciales con los estándares internacionales de derechos humanos.