La provincia registra una reducción significativa en el envío de anticonceptivos, preservativos y medicamentos esenciales desde el gobierno nacional, lo que la llevó a realizar compras con recursos locales para sostener los programas de salud pública.
La caída en el envío de insumos médicos desde el gobierno nacional ya tiene impacto directo en Santa Fe. Menos anticonceptivos, menos medicamentos esenciales y más rechazos en tratamientos de alto costo configuran un escenario en el que la provincia empezó a cubrir con recursos propios lo que antes garantizaba Nación. Los datos muestran un recorte sostenido en los últimos tres años.
En el programa de salud sexual y reproductiva, Santa Fe recibió en 2025 un 72,8% menos de anticonceptivos inyectables que en 2023. En el caso de los anticonceptivos orales, la caída fue total: de 1,8 millones de unidades enviadas en 2023 a cero en 2025. La situación es aún más crítica con los preservativos: tras una baja del 92% entre 2023 y 2024, directamente dejaron de enviarse en 2025.
Frente a este escenario, la provincia tuvo que salir a cubrir la demanda. Solo en preservativos, Santa Fe compró 5,2 millones de unidades con fondos propios. Además, destinó más de $4.400 millones al programa de salud sexual y reproductiva para sostener la política pública.
El impacto también se siente en el Plan Remediar, una de las principales herramientas de acceso a medicamentos en el primer nivel de atención. En Santa Fe, la cantidad de tratamientos enviados cayó un 56,9% entre 2023 y 2025. Los botiquines distribuidos a centros de salud también se redujeron a la mitad en ese período. Esta baja no es menor: el programa abastece a pacientes sin obra social con medicamentos para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o infecciones respiratorias. La reducción implica más presión sobre hospitales y sobre el sistema provincial.
Otro dato que enciende alertas es el aumento en las negativas para acceder a medicamentos de alto costo. En 2024, Santa Fe registró 1.372 rechazos sobre 3.711 solicitudes al Banco Nacional de Drogas Especiales. En 2025, las negativas escalaron a 2.525 sobre 3.990 pedidos: un aumento del 84%. Detrás de ese número hay pacientes que deben esperar, judicializar o directamente interrumpir tratamientos, en un contexto donde las provincias intentan amortiguar el impacto pero con recursos limitados.
El recorte de envíos nacionales se da en paralelo a un aumento de la demanda en el sistema público. Con la caída del poder adquisitivo y la pérdida de cobertura privada, cada vez más personas dependen exclusivamente de hospitales y centros de salud estatales.
Ese doble movimiento, menos insumos y más pacientes, tensiona el funcionamiento del sistema sanitario. Desde el gobierno nacional sostienen que avanzan en una “reorganización” de programas como Remediar, con foco en eficiencia y priorización de enfermedades prevalentes. Sin embargo, varias provincias interpretan esa decisión como un corrimiento del Estado nacional.
En la práctica, el cambio ya se traduce en un traslado de costos. Santa Fe, como otras jurisdicciones, comenzó a cubrir con presupuesto propio insumos que antes llegaban de manera regular. El resultado es un sistema que sigue funcionando, pero cada vez más sostenido por las provincias.