Sergio L., un técnico reparador de teléfonos, fue enviado a prisión preventiva por eliminar mensajes de WhatsApp de un celular que estaba bajo custodia policial. El hecho está vinculado a una causa por falso testimonio y un presunto autoatentado.
La Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para Sergio L., un técnico reparador de teléfonos móviles acusado de eliminar evidencia digital de un celular secuestrado. Según la acusación del fiscal Pablo Socca, el joven ayudó a su madre, Norma Acosta, a borrar mensajes y archivos de WhatsApp que eran relevantes para una investigación sobre un presunto autoatentado vinculado a una trama de corrupción policial por fraude en la carga de combustible.
El pasado 21 de mayo, la policía secuestró el teléfono de Norma Acosta en el marco de una causa por falso testimonio. Horas después de ser liberada, la mujer obtuvo un nuevo chip con su mismo número de línea en una sucursal de telefonía. Con ese chip, su hijo insertó la tarjeta en un nuevo dispositivo, sincronizó la cuenta de WhatsApp vinculada al Gmail de su madre y comenzó una eliminación selectiva de fotos, archivos y chats, logrando que esa información desapareciera del teléfono que ya estaba bajo custodia de la Dirección de Asuntos Internos.
Para la Fiscalía, la eliminación no fue casual. Se buscó ocultar conversaciones con funcionarios públicos aún no identificados. El contexto de la causa incluye una denuncia de Norma Acosta por una balacera contra su casa el 7 de mayo, que la investigación determinó que habría sido un autoatentado planeado por la propia Acosta junto a un integrante de la barra de Newell’s, con el fin de desviar la atención judicial.
El fiscal Socca imputó a Sergio L. como coautor de violación de sellos y documentos, un delito que castiga la inutilización de objetos que sirven como prueba ante la autoridad. El juez Lisandro Artacho validó la calificación legal y ordenó que el técnico permanezca bajo prisión preventiva efectiva por 30 días, mientras se intenta recuperar el material eliminado y se profundiza en las conexiones políticas y policiales que los mensajes borrados intentaban proteger.