El fiscal Gerardo Pollicita solicitó desestimar la denuncia de Casa Militar contra Luciana Geuna, Ignacio Salerno y autoridades de TN, al considerar que no hubo delito ni riesgo a la seguridad nacional.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió archivar la causa iniciada por Casa Militar contra los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno, además de autoridades del canal, por un informe televisivo que incluyó filmaciones dentro de la Casa Rosada. El funcionario consideró que no se llevó adelante ninguna revelación de secretos políticos ni militares, y que no hubo riesgo a la seguridad nacional, como sostenía el Gobierno nacional.
“A partir del análisis del material originalmente adquirido y del expuesto al público en general, se corroboró que la actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia, en tanto no se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos, con la revelación ilícita del cronograma de reuniones de los funcionarios, con el registro de patrones de comportamiento del personal de seguridad y de los funcionarios ni con su ubicación habitual”, sostuvo el fiscal.
Pollicita remarcó que “los hechos denunciados no configuran ilícito alguno” y propició la desestimación de las actuaciones por inexistencia de delito, aplicando el principio de intervención mínima del derecho penal. También señaló que las imágenes captadas por Salerno con lentes inteligentes son similares a otras de acceso público, como las disponibles en Google Maps, la página oficial de la Casa de Gobierno y YouTube.
El fiscal solicitó al juez Ariel Lijo que archive la causa. Ante la falta de impulso fiscal, al magistrado solo le queda firmar el archivo. La denuncia había sido presentada el 22 de abril por el jefe de Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, argumentando un riesgo a la seguridad nacional. Tras conocerse el informe, el presidente Javier Milei calificó a los periodistas como “basuras repugnantes” en su cuenta de X. La denuncia derivó en la suspensión del acceso de periodistas acreditados a la Casa de Gobierno por diez días.