El gobierno provincial presentó un proyecto de reforma en seguridad que propone restituir la declaración informativa, habilitar allanamientos automáticos y derribo de inmuebles, entre otras medidas. El oficialismo busca sostener el rumbo, mientras el PJ y sectores de Unidos plantean reparos.
Después de presentar su proyecto de reforma en seguridad, el gobierno provincial se pronunció en la previa del debate en la Legislatura. El gobernador Maximiliano Pullaro escribió en su cuenta de X: “El gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos. Rosario está recuperando la paz y los espacios públicos, pero no podemos retroceder o ser blandos con quienes matan o están con armas en la calle preparados para hacer daño”. Y agregó: “Todos debemos saber lo que estamos enfrentando y las herramientas que necesitamos. Estamos demostrando que se los podía hacer retroceder, pero todavía no ganamos: falta mucho y siguen ahí, intentando recuperar el poder que les sacamos”.
El gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto que, según indicó, busca “dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta”. Entre los principales cambios, el paquete propone restituir la declaración informativa y el interrogatorio policial para los primeros momentos de la investigación, eliminar la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del acusado, habilitar el allanamiento automático por secuestro de armas en la vía pública y el derribo de inmuebles (como búnkers) por orden fiscal. También plantea medidas coercitivas —como restricción de contacto o vigilancia electrónica— por decreto fiscal, la inteligencia digital y electrónica, un régimen agravado para internos que ordenen delitos desde la cárcel y la posibilidad de que la policía restrinja la circulación de personas en zonas de alta criminalidad.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, declaró en diálogo con “Todos en La Ocho”: “El delito no está derrotado, está contenido por un despliegue policial y un esfuerzo investigativo y penitenciario muy importante. Si uno levanta el pie del acelerador un milímetro, los delincuentes pueden volver a apoderarse de la calle”. Sostuvo además: “No es momento para ablandarnos, es momento de profundizar el rumbo y el endurecimiento de las políticas de seguridad”.
Se trata de la segunda gran reforma en seguridad que envía el gobierno de Pullaro. La primera fue en diciembre de 2023, cuando con mayoría en ambas Cámaras se aprobó la emergencia en seguridad y la desfederalización del narcomenudeo. Según datos oficiales, entre el 1 de enero y el 18 de mayo de 2023 se cometieron en el departamento Rosario 123 homicidios dolosos, mientras que en el mismo período de 2026 fueron 33.
En el peronismo manifestaron reparos. Una fuente del PJ afirmó que el proyecto expresa “demagogia punitiva” y se acerca a un modelo de “Estado policial”, y otra agregó: “En algunos puntos marca un retroceso. Hay puntos que se pueden rescatar, pero otros son inconstitucionales sin discusión”. En el interbloque peronista adelantaron que plantearán un debate sobre el control judicial, el debido proceso, la privacidad y el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo.
En el socialismo, que controla 14 de las 28 bancas del bloque oficialista, anticiparon que buscarán introducir modificaciones. Abogados penalistas y jueces también expresaron dudas sobre el proyecto. El Ejecutivo definirá la hoja de ruta parlamentaria y Cococcioni adelantó que están “dispuestos a concurrir y defender la necesidad de las propuestas”.