El Senado de la Nación emitió dictamen sobre el proyecto de ley de Propiedad Privada, que elimina topes para la compra de tierras por extranjeros y delega en las provincias la autorización de esas operaciones.
La Libertad Avanza y bloques dialoguistas del Senado lograron dictaminar sobre el proyecto de ley de Propiedad Privada. El texto mantiene la eliminación de los topes para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras, pero deja en manos de las provincias la potestad de aprobar esas ventas.
El dictamen fue firmado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y Despierta Chubut. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anticipó que se discutirá en una sesión dentro de quince días.
Fuentes parlamentarias informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la intención del oficialismo es sumar más voluntades de bloques opositores, como Convicción Federal, en ese lapso.
La Libertad Avanza aceptó excluir el capítulo que establecía cambios en la ley de barrios populares. Se incorporaron aspectos sobre el registro de terrenos y se modificaron los plazos de desalojo: se distinguió entre usurpadores (con juicio sumarísimo) y morosos (con un plazo de 10 días para intimar el pago, en lugar de 5 como proponía el Gobierno).
La discusión se realizó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presidido por la senadora Nadia Márquez. El peronismo solicitó una audiencia pública y pidió demorar el dictamen hasta la próxima semana. El despacho de mayoría obtuvo diez firmas en Asuntos Constitucionales y nueve en Legislación General.
Convicción Federal impulsó un despacho de minoría. Al abrir el debate, Bullrich señaló que “los cambios surgieron de los aportes realizados tanto por expositores como por senadores de distintos bloques”. Explicó que las modificaciones incluyen la fijación de límites al lucro cesante en expropiaciones, la definición de una tasa de interés concreta, la diferenciación entre usurpadores y ocupantes legítimos en desalojos, y la decisión de retirar el capítulo sobre el RENAVAP para debatirlo en una ley específica.
Sobre la eliminación de límites para que extranjeros compren tierras, Bullrich afirmó que “apunta a fortalecer el federalismo, dejando en manos de cada provincia la regulación sobre posibles restricciones a la venta de tierras a extranjeros”. En cuanto a los cambios en la ley de Manejo del Fuego, detalló que el objetivo es “buscar un acuerdo entre las propuestas que trajeron distintos expertos y los bloques, salir de una visión centralista y, como se hizo con Glaciares, dejar a las provincias decidir de acuerdo a la realidad y potestad de cada provincia”.
La senadora peronista Jimena López rechazó la decisión del oficialismo de tratar el dictamen, al afirmar que “nos están haciendo circular un dictamen con varias modificaciones y sin tiempo para poder analizarlo”. Propuso una nueva reunión de comisión.
El ex gobernador Jorge Capitanich sostuvo que la Ley 26.815 de Manejo del Fuego debe ser congruente con la Ley General del Ambiente y con el Acuerdo de Escazú, y consideró que el capítulo sobre manejo del fuego debería someterse a audiencias públicas.
El presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, destacó que “muchas de las modificaciones que leyó la senadora Bullrich son propuestas que habíamos hecho nosotros como bloque, por lo tanto, acompañamos el dictamen”. Sobre la facultad de las provincias para definir compras de tierras de extranjeros, señaló que “como es una facultad de las provincias velar por los intereses de los recursos naturales, no es una contradicción que se pueda habilitar a que cada provincia haga una reglamentación especial respecto de la compra de bienes rurales por extranjeros”.
La presidenta del bloque de Convicción Federal, Carolina Moisés, dijo que “la potestad que tienen las provincias sobre sus propias jurisdicciones no están diciendo nada nuevo ni que no esté en la Constitución. A las provincias les dan la facultad de decidir sobre las excepciones, pero a la vez debe autorizar el Poder Ejecutivo Nacional”.
El proyecto elimina los límites para que los extranjeros adquieran tierras y dispone que las provincias deberán autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero. Cada provincia conserva la jurisdicción plena sobre su territorio. Se prohíbe la compra de tierras a estados extranjeros y a organizaciones empresariales donde un estado extranjero tenga participación en el capital o en las decisiones societarias, así como a fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un estado extranjero.
En materia de desalojos, se aplicará un desalojo exprés solo en casos de inmuebles usurpados. En otros casos, se mantienen los plazos actuales de intimación. Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler, con notificación dirigida al domicilio denunciado en el contrato, sea real o electrónico. Ante el incumplimiento, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo por el procedimiento más breve previsto por la ley, que son 10 días hábiles.