La vocera provincial afirmó que la estrategia de seguridad impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro se mantiene firme y destacó los resultados obtenidos.
La vocera provincial, Virginia Coudannes, defendió este jueves el nuevo paquete de medidas de seguridad enviado a la Legislatura por el gobierno de Maximiliano Pullaro. Durante su conferencia de prensa habitual, afirmó que la provincia atraviesa una “baja histórica” en materia de violencia altamente lesiva debido a la implementación de un plan de seguridad ordenado.
Coudannes recordó que en 2023 la provincia estaba “signada por las mafias, el delito y, sobre todo, la sangre derramada en Rosario”. Sostuvo que la gestión provincial tomó cartas en el asunto y puso “planificación, operatividad policial ordenada, eficiencia e inversión”.
La funcionaria cuestionó a sectores opositores y mencionó a Agustín Rossi, Caren Tepp y Juan Monteverde, quienes, según dijo, votaron en contra de la baja de edad de imputabilidad. En contraste, señaló que el gobernador acompañó esa ley. Afirmó que al kirchnerismo y al peronismo “les encantó poner en los carteles” el slogan de “sociedad en paz y orden”, pero “nunca invirtieron un peso en seguridad”.
Coudannes enfatizó que el gobierno no va a “retroceder contra el delito, la delincuencia ni las banderas con amenazas”, y que lo que importa son “los derechos de las víctimas y de los habitantes de Rosario y la provincia a vivir tranquilos y en paz”. También dejó una definición política: “No miremos para atrás. Ni a Perotti, ni a Sain ni a los cuatro funcionarios que pasaron. Ni a Rossi, Tepp o Monteverde”.
La vocera reivindicó la ley de desfederalización del narcomenudeo, próxima a cumplir dos años, y destacó resultados como “más de 2.600 allanamientos, 422 condenados y 658 armas de fuego secuestradas”, junto a “una policía y una fiscalía ordenadas para eso, con conducción política real”.
Entre las iniciativas del nuevo paquete legislativo, Coudannes mencionó la posibilidad de allanamientos automáticos frente a casos de portación ilegal de armas en la vía pública, con el objetivo de agilizar investigaciones. También detalló que el proyecto incorpora mayores capacidades de análisis digital y ciberpatrullaje, incluyendo extracción, recuperación y análisis de datos de dispositivos electrónicos o cuentas digitales, siempre con autorización judicial.