El juicio oral y público contra Francisco “Fran” Riquelme, acusado de liderar una asociación ilícita e instigar dos homicidios desde la cárcel, finalizó esta semana con el pedido de prisión perpetua por parte de la Fiscalía. La defensa planteó el fracaso del sistema carcelario. El veredicto se conocerá el 29 de mayo.
El juicio a Francisco “Fran” Riquelme, acusado de liderar una asociación ilícita e instigar dos homicidios, culminó esta semana. La Fiscalía reiteró el pedido de condena a prisión perpetua. Los delitos que le atribuyeron fueron cometidos desde la cárcel, lo que habilitó a su defensa a plantear en el alegato de cierre consideraciones sobre “el fracaso del sistema carcelario”. El veredicto se conocerá el 29 de mayo.
El debate oral y público, iniciado en marzo, abordó principalmente el conflicto que la banda de Fran Riquelme, con base en el barrio Empalme Graneros, mantuvo con una organización rival del barrio Ludueña entre 2021 y 2023. La acusación de Fiscalía indicó que Riquelme pretendía controlar las calles del noroeste rosarino. Su defensa negó las pruebas expuestas en juicio y pidió la absolución, y también planteó inquietudes que exceden al caso puntual.
En su alegato de cierre, la defensa indicó que al quedar Riquelme como jefe desde prisión de una banda criminal, se afirmaría que cometió delitos “con la aquiescencia del Estado”. El juicio volvió a exponer un interrogante sobre los períodos más violentos en Rosario: si no hay una respuesta integral es porque tampoco se conocen investigaciones que indaguen en posibles responsabilidades institucionales en las irregularidades cuando las cárceles se convirtieron en centro de operaciones de bandas.
La estructura criminal de Riquelme, con su liderazgo desde una cárcel provincial, ocurrió también con otros reclusos alojados en penales federales. Algunos, como Esteban Alvarado o Guille Cantero, mantuvieron en prisión el poder que habían ganado en la calle. Otros entraron a la cárcel por delitos menores y en las cárceles se convirtieron en jefes de grupos que emergieron en distintas zonas de Rosario, instalando terror y provocando una escalada en la cantidad de homicidios dolosos.
El gobierno de la provincia ubicó la crisis penitenciaria como una de las principales problemáticas de seguridad pública e impulsó medidas restrictivas que repercutieron en el control de la violencia urbana. Entre ellas, la construcción de la cárcel “El Infierno”, que las autoridades anuncian como un proyecto que cambiará el paradigma carcelario. En ese marco, el gobierno reconoce el vínculo entre el delito en la calle y los penales. Un mensaje desde una cárcel provincial indicó: “Los detenidos les pagan a los directivos y a los guardias entre 300 mil y 1 millón de pesos para pasar celulares y droga”.
La defensa de Fran Riquelme, representada por Antonela Travesaro, planteó: “No se intentó explicar ni se probó cómo Riquelme habría liderado una organización criminal estando bajo custodia estatal”. Agregó: “Sostener estas atribuciones en cabeza de Riquelme implica afirmar el fracaso del sistema carcelario. Implica afirmar delitos cometidos con la aquiescencia del Estado, en el interior del Servicio Penitenciario, delitos que no han sido investigados”. La acusación aseguró haber presentado evidencias sobre el rol jerárquico de Riquelme en la asociación ilícita.
El juicio tuvo a quince acusados como parte de la asociación ilícita y abordó seis homicidios por los que hay doce pedidos de condena a prisión perpetua. La mayoría de esos crímenes ocurrieron en el marco de un enfrentamiento con una banda del barrio Ludueña dirigida desde la cárcel de Piñero. A Riquelme le atribuyen la instigación de dos de esos homicidios. El veredicto se conocerá el 29 de mayo.