El gobernador Maximiliano Pullaro impulsa una modificación de normativas penales y penitenciarias que generó debate en el ámbito político y judicial.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, impulsó un proyecto de reforma de seguridad que incluye la modificación de normativas penales y penitenciarias. La iniciativa fue presentada durante la última semana y generó opiniones diversas entre actores políticos y judiciales.
El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, defendió el proyecto y sostuvo que no se excede en sus disposiciones. En tanto, la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, afirmó que la reforma busca dar continuidad al paquete normativo de 2024 y que incluye medidas que profundizan la lucha contra el delito.
El proyecto incluye el concepto de intervención territorial focalizada, una medida que algunos sectores calificaron como un posible «mini Estado de sitio». Sin embargo, desde el oficialismo señalaron que la herramienta está pensada para contextos excepcionales, como los que se registraron en Rosario en 2023, cuando doce manzanas concentraban el 85% de los homicidios.
El diputado radical Martín Rosúa explicó que «hay un cambio de paradigma con la persecución penal y leyes de seguridad» y que «en la década del 90 había leyes que frenaban al Estado para que no cometa excesos en la persecución. Hoy el Estado necesita garantizar derechos individuales y las herramientas son insuficientes, porque el delito creció y se sofisticó».
Desde el ámbito judicial, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) sostuvo que «al menos la mitad de los artículos no superarán un mínimo control de constitucionalidad». Por su parte, una fuente judicial consultada se preguntó: «¿Poderes extraordinarios cuando bajaste de 11 a 5 el índice de homicidios?».
El gobierno provincial argumentó que la reforma es necesaria para mantener los resultados obtenidos en materia de seguridad. Coudannes declaró que «el gobernador puso lo que tenía que poner para lograr una sociedad de paz y orden» y que la administración no retrocederá contra la delincuencia.