La Corte Suprema de Justicia desestimó los recursos presentados por Eva Petrona Pereyra y María Luisa Alza, imputadas en la causa por trata de personas y reducción a la servidumbre en el marco del caso Templo Filadelfia.
La Corte Suprema de Justicia rechazó por inadmisibles los planteos de Eva Petrona Pereyra y María Luisa Alza, dos de las acusadas en la causa conocida como “Templo Filadelfia”, quienes buscaban acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.
La Corte Suprema, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los recursos presentados por las defensas de dos imputadas en la causa que investiga a una secta evangélica acusada de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre durante casi cinco décadas.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la pesquisa se concentra en una organización que habría funcionado bajo la figura de una congregación religiosa con sede en San Justo, provincia de Buenos Aires, y ramificaciones en diversas provincias argentinas, además de Paraguay y Brasil.
En 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín inició el juicio contra 28 personas acusadas de integrar una estructura internacional dedicada a captar personas en situación de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente y someterlas a condiciones de esclavitud. Los hechos investigados abarcan el periodo entre 1972 y el 1 de diciembre de 2020.
Los imputados están acusados de asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada, en calidad de coautores, en perjuicio de al menos 25 víctimas. Una de las mujeres que integraba la conducción de la organización también enfrenta cargos como coautora de abusos sexuales contra cuatro víctimas, dos de ellas menores al momento de los hechos.
La investigación señala que uno de los mecanismos de captación eran las llamadas “Fiestas del Señor”, encuentros en los que Pereyra, identificada como la principal líder, se presentaba como poseída por una entidad divina y exigía a los fieles entregar aquello que consideraban más valioso, incluidas propiedades o incluso hijos.
La acusación sostiene que las víctimas eran persuadidas para ingresar a la congregación y luego obligadas a realizar distintas tareas laborales —elaboración de productos panificados, venta ambulante, albañilería y otras— cuyos ingresos debían ser entregados íntegramente a la iglesia Filadelfia.
Además, la pesquisa señala que los integrantes debían obedecer y asistir a las líderes del grupo, quienes se atribuían poderes divinos. Las víctimas también realizaban tareas domésticas, cuidado de campos y ganado y construcción de templos y viviendas que, según la acusación, sirvieron para expandir la estructura de explotación.
La investigación añade que la organización promovía la formación de parejas supuestamente elegidas por voluntad divina y que los hijos nacidos de esas uniones eran incorporados al mismo sistema de trabajo al alcanzar determinada edad.