Un efectivo policial que prestaba servicio en los tribunales santafesinos fue imputado por siete delitos contra la integridad sexual de sus sobrinos. La fiscalía solicitó prisión preventiva, medida que fue concedida por el juez Nicolás Falkenberg.
Un hombre que prestaba servicio como efectivo policial en los tribunales santafesinos fue imputado el martes pasado por graves delitos contra la integridad sexual de siete de sus sobrinos, todos hijos de un hermano suyo. La fiscalía solicitó su prisión preventiva mientras continúa la investigación, medida que fue concedida por el juez Nicolás Falkenberg, a pesar de un planteo de prescripción de los hechos presentado por la defensa.
La audiencia multipropósito fue presidida por el juez Falkenberg. En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervinieron los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández, quienes presentaron las pruebas recolectadas hasta el momento. La defensa del imputado estuvo a cargo de los abogados Lucía Mognaschi y Raúl Sánchez Lecumberri, quienes argumentaron sobre la prescripción de los presuntos delitos. Finalmente, el magistrado resolvió hacer lugar a la solicitud de prisión preventiva, entendiendo que, al menos en uno de los episodios atribuidos, no correspondía aplicar la prescripción.
Origen de la investigación
La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer, sobrina del efectivo policial, quien relató haber sufrido abusos sexuales hace aproximadamente dos décadas. Según su testimonio, los ataques habrían comenzado cuando tenía 13 años y se extendieron hasta los 15 años de edad, aproximadamente. Los episodios, manifestó la víctima, ocurrían cuando ella se quedaba a dormir o visitaba la casa de su abuela, ubicada en barrio Guadalupe de la capital provincial, donde también residía su tío. El hombre, hermano del padre de la denunciante, habría aprovechado los momentos en que quedaban a solas para cometer los abusos.
Reacción en cadena
La denunciante también refirió que tenía conocimiento de que algunos de sus hermanos habrían sido víctimas de situaciones similares por parte de su tío. A raíz de esta información, los investigadores entrevistaron al resto de los hermanos. De un grupo de ocho hermanos, siete, tanto varones como mujeres, reconocieron haber sido abusados por el imputado y se sumaron a la acción penal.
Fuentes de la fiscalía indicaron que varios de los hermanos desconocían que el resto había padecido las mismas circunstancias, y que la primera denuncia provocó una «reacción en cadena». También se hizo referencia a los severos problemas psicológicos que enfrentan las víctimas a raíz de los hechos, incluyendo el consumo de alcohol, drogas y, en algunos casos, intentos de suicidio.
Modalidad de los hechos y la imputación
Según las denuncias, el imputado empleaba siempre las mismas estrategias cuando las víctimas eran menores de edad. Los abusos se producían en el contexto de juegos o durante la visualización de películas, y sus sobrinos eran amenazados para que no revelaran lo ocurrido. Los ataques incluyeron distintos tipos de abusos, incluso accesos carnales.
Los fiscales le imputaron los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda (dado que los menores estaban a su cuidado cuando habrían ocurrido los ataques) y corrupción de menores. Concretamente, se le atribuyeron siete hechos.
Impacto del caso y reserva de identidad
El caso ha generado un particular impacto no solo por la condición de efectivo policial del acusado, sino también por el hecho de que cumplía funciones dentro de los tribunales santafesinos. «Era quien llevaba de la mano a los chicos a la Cámara Gesell, por ejemplo. Presenció centenares de juicios por abusos sexuales. Escuchó a víctimas desplomándose de dolor. Sabe de estrategias defensivas, de cómo se evalúan las pruebas en estos casos», señalaron los investigadores.
La identidad del imputado se mantiene bajo reserva con el fin de preservar la de las víctimas, quienes comparten el mismo apellido.