El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 condenó a 3 años de prisión de ejecución condicional al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Energía Daniel Omar Cameron por negociaciones incompatibles en la adjudicación de obras de gasoductos a Odebrecht entre 2006 y 2008.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 condenó hoy a 3 años de prisión de ejecución condicional al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido (76) y al exsecretario de Energía de la Nación Daniel Omar Cameron (72) por las negociaciones incompatibles en las que incurrieron para la adjudicación a la firma Constructora Odebrecht S.A. de las obras para la ampliación de los gasoductos de la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Transportadora Gas del Sur (TGS), entre 2006 y 2008.
Además, los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini les fijaron una inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Por otra parte, le impusieron una pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional al exsubsecretario de Combustibles de la Secretaría de Energía de la Nación, Cristián Alberto Folgar (55), a quien consideraron partícipe necesario de la maniobra.
Finalmente, dispusieron la absolución del exgerente general y vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), Luis Alberto Beuret (80), y del exsubgerente de la firma, Julio Armando Bragulat (79).
En su alegato, el titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, quien intervino en el debate junto al fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz y la auxiliar fiscal Mariel Susana Dermardirossian, había requerido condenas de 4 años para De Vido y Cameron, de 3 años y 6 meses para Folgar y Beuret, la absolución de Bragulat y el decomiso de los bienes que sirvieron para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito. Durante el desarrollo del juicio también colaboraron auxiliares fiscales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.
El tribunal anunció que los fundamentos de la sentencia se conocerán el viernes 4 de septiembre.
El caso
En el juicio oral y público, que comenzó el 9 de diciembre de 2025, se analizaron los hechos investigados por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°6, entonces a cargo de Federico Delgado, con intervención del juez federal Daniel Rafecas. La causa se inició luego de que, en el marco de la investigación por el pago de sobornos a funcionarios públicos y sobreprecios por parte de la empresa sueca Skanska para la construcción de gasoductos, desarrollada por la Fiscalía Federal N°4, se advirtieran una serie de maniobras para la adjudicación de las obras de los gasoductos operados por TGN y TGS.
De acuerdo al requerimiento formulado por el fiscal Delgado, De Vido, Cameron, Folgar, Beuret, Bragulat y el exsubsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Bautista Jacinto Marcheschi (86) —apartado del proceso por incapacidad sobreviniente— habrían incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública, al mantener reuniones privadas con representantes de Odebrecht, dictar resoluciones y tramitar expedientes administrativos para beneficiar a la empresa en la adjudicación de contratos de obras de gasoductos.
En su alegato del 28 y 30 de abril pasado, el fiscal general Luciani afirmó que estaban “ante un caso de gran corrupción”, donde los funcionarios implicados “al amparo de una falsa apariencia de licitud de sus conductas, convergieron en un claro objetivo: beneficiar ilegalmente a la firma Odebrecht”. Señaló que “se soslayó así los más básicos principios que deben guiar a toda contratación pública: la eficiencia, la concurrencia de interesados, la sana competencia, la transparencia, la publicidad y la igualdad de tratamientos”. Agregó que esos principios “quedaron relegados a partir del accionar infiel de los acusados” quienes “privilegiaron intereses ajenos al bien común con miras de obtener un beneficio propio o de un tercero”.
Luciani indicó que se detectó “un claro e inadmisible direccionamiento hacia la empresa Odebrecht, en una contratación pública de enorme envergadura: la ampliación de capacidad de transporte de gas entre 2006 y 2008, con una inversión del Estado argentino que supera los 2.300 millones de dólares”. Los representantes del MPF explicaron “cómo idearon, cómo proyectaron y cómo perpetraron esta maniobra delictiva”.
Al solicitar las penas, Luciani sostuvo que los imputados “se aprovecharon de sus posiciones estratégicas para darle apariencia de licitud al delito. Diseñaron una verdadera ingeniería burocrática para eludir la Ley de Obras Públicas y así manejar discrecionalmente cuantiosos recursos públicos. Fingiendo, aún hoy, que se trataba de un negocio entre privados. Articularon una verdadera coreografía administrativa para utilizar a Cammesa como el vehículo puente que conectó a los fondos del Tesoro Nacional con la empresa extranjera beneficiada”.