Un predio en la localidad de Funes que funcionaba como basural ilegal fue clausurado tras una investigación conjunta del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Un predio en la localidad de Funes que funcionaba como un basural ilegal fue clausurado en las últimas horas. Eso sucedió en marco de una investigación impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Fuentes oficiales indicaron que la intervención es el resultado de un trabajo articulado entre ambos organismos que comenzó en 2025, luego de que el Ministerio de Ambiente detectara irregularidades durante distintas inspecciones e intimara en reiteradas oportunidades a cesar la actividad. Las órdenes fueron incumplidas de forma sistemática. Ante esa situación, en marzo de este año la cartera ambiental presentó una denuncia penal que dio lugar a una serie de allanamientos, con la participación de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Organismo de Investigaciones del MPA. Como consecuencia de esas actuaciones, fueron imputados dos hombres vinculados con la administración del predio.
Qué constó la Justicia en el basural
Durante el procedimiento, la Justicia constató la existencia de distintos tipos de residuos depositados de manera irregular, por lo que dispuso la clausura del lugar y la adopción de medidas para impedir la continuidad de la actividad. Posteriormente, en una audiencia de cese del estado antijurídico realizada a fines de junio, el Tribunal Unipersonal del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial Nº 2 resolvió ordenar la clausura definitiva del basural a cielo abierto, ubicado a la vera de la Ruta Provincial N.º 34-S. Además, requirió la intervención de los cuerpos de bomberos de Rosario y Funes para extinguir de forma definitiva los focos ígneos existentes y dispuso que la Municipalidad de Funes cierre los dos accesos al predio.
Sin autorización para disponer residuos
“El destino declarado fue el uso y goce de la comunidad. Desde nuestra área nunca se autorizó la disposición de ningún tipo de residuos en el lugar, ni se recibieron trámites para habilitar esa actividad, por lo que el uso actual del predio resulta incompatible con la finalidad declarada”, afirmó el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez. El funcionario destacó además la articulación con el MPA para “fortalecer el control ambiental y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, junto con la promoción de acciones concretas contra los basurales clandestinos que generan un grave impacto ambiental y representan un riesgo para la salud pública”. Asimismo, sostuvo que “este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida de fiscalización, prevención y protección de los recursos naturales, que pertenecen a todos los santafesinos, en el marco del cumplimiento de la legislación ambiental y de la coordinación con los distintos organismos competentes para contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, en este caso de Funes y de toda la región”.
Las constataciones
Desde 2019, la Secretaría de Ambiente, a través de sus áreas técnicas, constató en numerosas oportunidades la disposición final no autorizada de distintos tipos de residuos, el ingreso de camiones volcadores tanto de la Municipalidad de Funes como de operadores privados, la quema clandestina de residuos y el movimiento de maquinaria perteneciente a operadores sin autorización. En ese contexto, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recordó que la disposición y operación clandestina de residuos sólidos urbanos y compatibles, residuos industriales no peligrosos y residuos peligrosos constituye una conducta sancionada por la legislación nacional y provincial. Asimismo, remarcó que, una vez constatadas estas infracciones por la autoridad de aplicación, corresponde iniciar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley Provincial Nº 11.717 y su normativa reglamentaria, además de poner los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales y jurisdiccionales competentes.