El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, justificó los mensajes de ley sobre herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública y la creación del Colegio de Jueces Penales, actualmente en debate en la Legislatura provincial.
A mediados de mayo, el Poder Ejecutivo ingresó, por la Cámara de Diputados, dos mensajes de ley sobre seguridad pública que están en debate de comisiones. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó los fundamentos de los mensajes: uno propone reformas a ocho leyes para fortalecer la seguridad pública, y otro crea el Colegio de Jueces Penales.
En declaraciones a El Litoral, Cococcioni afirmó: «Planteamos las reformas desde las necesidades, pero partiendo desde estándares constitucionales». Dijo estar dispuesto a debatir con los legisladores y recordó que la docena de proyectos del inicio de la gestión tuvieron cambios durante el paso por las cámaras legislativas.
Consultado sobre el tratamiento legislativo, Cococcioni sostuvo que, tras dos años y medio de gestión, se observa una baja en los principales indicadores de violencia: homicidios dolosos, heridos de arma de fuego y disparos de armas de fuego. Sin embargo, señaló que «no está solucionado el tema de la violencia; sí las bandas criminales están contenidas». Agregó que «vemos un avance del delito predatorio urbano común: robo de billeteras, celulares, carteras, tal vez por la situación social y económica».
El ministro recordó que hace dos años y medio pidieron herramientas excepcionales, que fueron concedidas por la Legislatura mediante 10 leyes de seguridad. «Creemos que hemos utilizado bien las herramientas que nos dieron y que nos merecemos el gesto de confianza», declaró.
En relación con el uso de tecnología, Cococcioni mencionó que en Rosario ya funciona el sistema de inteligencia artificial aplicado a videovigilancia urbana (Lince) y que antes de fin de año estará en Santa Fe. «El sistema nos permite un nivel de esclarecimiento muy alto, tiempos de esclarecimiento casi cercanos al tiempo real», afirmó. No obstante, advirtió que «trabajar esto con un Código Procesal Penal o con reglas procesales pensadas para la época de la prueba testimonial lo vemos como un obstáculo artificial».
Respecto a las críticas de algunos sectores políticos sobre el poder que el proyecto otorga a la policía, Cococcioni sostuvo que «hay algunas cuestiones que tienen que ver con prejuicios». Puso como ejemplo la declaración de un detenido en comisaría: «Imaginemos que ingresa un señor a la comisaría y quiere confesar que mató recién a su esposa». Explicó que, según la legislación actual, la policía no puede recibir esa declaración sin la presencia del abogado defensor, lo que, a su juicio, «obstaculiza la recolección válida de información en los primeros momentos investigativos».
Cococcioni subrayó que «la Constitución da un piso mínimo de garantías» y que «en Santa Fe, a esa garantía le agregamos que siempre debe estar presente el defensor». Consideró que «parece un estándar para un país que no tiene problemas serios de criminalidad».
Sobre el Colegio de Jueces Penales, Cococcioni afirmó que «es muy bueno el debate democrático y que se escuche a todos los intervinientes». Explicó que la propuesta busca considerar «la provincia de Santa Fe como una unidad en cuanto a su sistema penal y se puedan aplicar los recursos de manera dinámica». Puso como ejemplo que un juez con horas sobrantes podría colaborar con casos de otra jurisdicción, sujeto a un estudio cuantitativo y a reglamentación de la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, el ministro negó que los mensajes sean «a libro cerrado» y recordó que «han sido muy pocas las leyes, incluso las iniciales de gestión que salieron a libro cerrado». Mencionó como excepciones la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, la de Emergencia en Seguridad y la de Microtráfico. «El resto fueron leyes que fueron fuertemente intervenidas en la Legislatura», concluyó.