Un informe del Ieral/Fundación Mediterránea señala que se requieren 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio en Argentina, en contraste con 3,5 trabajadores en relación de dependencia. El estudio destaca la creciente informalidad y la baja capacidad contributiva del régimen de monotributo.
Un informe elaborado por Laura Caullo y Guadalupe Galindez, del Ieral/Fundación Mediterránea, analiza la situación previsional argentina. Según el estudio, el 44% de los ocupados se desempeña en la informalidad, lo que equivale a más de 9 millones de trabajadores que no realizan aportes previsionales.
El sistema cuenta con 10,3 millones de aportantes para financiar 7,5 millones de beneficios. Del total de aportes del trabajo formal, el 74% corresponde a trabajadores en relación de dependencia y el 26% restante a trabajadores independientes. Dentro de este último grupo, se destacan 2,2 millones de monotributistas.
La participación del monotributo en el total de aportantes se duplicó en casi tres décadas, pasando del 9% en 1998 a más del 20% en marzo de 2026. Sin embargo, su capacidad de financiar el sistema es limitada: un asalariado aporta en promedio el 11,2% de su ingreso, mientras que un monotributista contribuye con el 1,1%.
El informe sostiene que se necesitan 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio, mientras que solo se requieren 3,5 trabajadores en relación de dependencia para cubrir ese mismo haber. Para financiar una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), se necesitan 15,4 monotributistas frente a 1,6 asalariados registrados.
En el marco de la visita de Kristalina Georgieva, directora del FMI, se reiteró la necesidad de una reforma previsional. Entre los requerimientos del organismo se encuentra eliminar las moratorias, limitar el acceso al haber a una proporción de los años aportados, aumentar la edad de acceso al beneficio jubilatorio y separar las pensiones contributivas de las no contributivas.
El Gobierno de Javier Milei afirmó su compromiso de presentar un proyecto de ley de reforma previsional, pero no antes de las elecciones presidenciales y con la condición de que el oficialismo gane la reelección en 2027. El Ejecutivo considera que no es viable impulsarla en el corto plazo debido a la alta sensibilidad social y el escaso margen parlamentario.