jueves, 30 julio, 2026
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Exministro de Mauricio Macri irá a juicio por presunto vaciamiento de El Diario de Paraná

La Justicia de Entre Ríos elevó a juicio oral la causa por presunta administración fraudulenta contra integrantes de la familia Etchevehere y los empresarios Walter y Viviana Grenón, vinculada al vaciamiento de la empresa editora de El Diario de Paraná.

El juez de Transición Pablo Nicolás Zoff dispuso que la causa por presunta administración fraudulenta que involucra a miembros de la familia Etchevehere y a los empresarios Walter y Viviana Grenón avance hacia la etapa de juicio oral. La investigación gira en torno al presunto vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), firma editora de El Diario.

Zoff cerró la etapa de instrucción y desestimó los planteos presentados por las defensas, dando luz verde al inicio del proceso oral. La causa se originó a partir de una denuncia de Dolores Etchevehere y alcanza a distintos miembros de su familia junto con los empresarios vinculados a la financiera Red Mutual.

Entre los acusados figuran Leonor María Magdalena Barbero Marcial y sus hijos Luis Miguel Etchevehere —exministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri—, Arturo Sebastián Etchevehere —excandidato a gobernador entrerriano por La Libertad Avanza— y Juan Diego Etchevehere, dirigente ruralista, además de la pareja Grenón.

En su fallo, Zoff rechazó pedidos de sobreseimiento y diversas excepciones planteadas por las defensas, entre ellas prescripción, atipicidad y vulneración del plazo razonable. Asimismo, solicitó que Barbero Marcial informe cualquier cuestión relacionada con su edad o su estado de salud que requiera adecuaciones especiales durante el proceso judicial.

El pedido de elevación a juicio había sido formulado en mayo por el fiscal Álvaro Piérola, quien sostiene que entre 2011 y 2015 los acusados llevaron adelante una estrategia orientada a descapitalizar deliberadamente a SAER a través de la venta de gran parte de sus propiedades. Según la hipótesis fiscal, los entonces directivos autorizaron el traspaso de numerosos inmuebles situados en Paraná, Victoria, Nogoyá y Diamante hacia sociedades ligadas a los propios acusados: Arroyo Ubajay S.A., Nexfin S.A. y Construcciones del Paraná S.A.

La Fiscalía plantea que estas operaciones fueron posibles por una actuación coordinada entre quienes dirigían SAER y los accionistas de las empresas compradoras, que en varios casos eran las mismas personas. De acuerdo con Piérola, el dinero recaudado no se utilizó para mejorar la situación financiera de SAER, sino que se destinó principalmente a saldar supuestas deudas con los propios accionistas y con entidades relacionadas, dejando a la empresa sin patrimonio suficiente para responder a sus compromisos comerciales, financieros y fiscales.

Según la investigación, tras desprenderse de gran parte de sus inmuebles, SAER siguió atravesando graves problemas económicos y debió recurrir a financiamiento privado por fuera del circuito bancario. La acusación sostiene que el proceso de descapitalización continuó con nuevas operaciones que pusieron como garantía de préstamos los últimos bienes de la compañía, lo que derivó en juicios de escrituración iniciados por acreedores.

Uno de los elementos clave citados por la Fiscalía es el informe de la sindicatura durante el concurso preventivo de SAER, que da cuenta de un deterioro financiero progresivo de la empresa entre 2010 y 2012, período en que se concretó la venta de la mayoría de los inmuebles. La sindicatura señaló que esas operaciones profundizaron el endeudamiento y que la empresa quedó prácticamente sin bienes de capital, dependiendo del financiamiento externo y de la pauta oficial para seguir funcionando.

De acuerdo con la acusación, Leonor Barbero Marcial y Viviana Grenón serán juzgadas como autoras de la presunta administración fraudulenta. Walter Grenón fue acusado como partícipe necesario. Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere deberán enfrentar el juicio en carácter de presuntos partícipes necesarios, ya que actuaron simultáneamente como accionistas de SAER e integrantes de Construcciones del Paraná S.A., una de las sociedades que compró parte de los inmuebles.

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