La Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa que modifica el régimen de Inocencia Fiscal, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la nueva Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Poder Ejecutivo, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. La iniciativa obtuvo media sanción y pasó al Senado.
El proyecto, que modifica la ley 27.799, amplía el universo de contribuyentes que pueden adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Según el texto aprobado, podrán optar todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin topes de ingresos ni patrimonio. Hasta ahora, solo podían adherirse quienes tuvieran un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
La iniciativa extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027 y mantiene las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. Se redefine el concepto de «discrepancia significativa», que se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado.
Los contribuyentes que adhieran deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV). En el dictamen se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Durante el debate, la miembro informante del oficialismo, Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), afirmó que la norma «produce una cuestión muy sencilla pero revolucionaria» y que consiste en «confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos». En tanto, Mariela Coletta (Provincias Unidas) calificó la iniciativa como «obscenidad fiscal» y acusó al Poder Ejecutivo de «negarse a explicar cuántos funcionarios ingresaron al régimen».
Silvana Giudici (La Libertad Avanza) destacó que «el objetivo principal de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central es preservar la moneda y poner fin a la máquina de imprimir». Juan Grabois (Unión por la Patria) rechazó la ley y sostuvo que «convierte en culpables a los inocentes e inocentes a los culpables». Martín Lousteau (Provincias Unidas) señaló que «detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos».
El cierre del oficialismo estuvo a cargo de Nicolás Mayoraz, quien cuestionó que se busque equiparar a las personas que ahorraron por fuera del sistema con «delincuentes» y sostuvo que la ley «va a impulsar el crédito en la Argentina».