La Justicia Federal de Rosario sobreseyó a Claudio Adrián Iglesias y Jorge Luis Oneto en la causa iniciada en 2019 por presuntas maniobras tributarias y lavado de activos, y declaró la nulidad del decreto que dio inicio a la investigación.
La Justicia Federal de Rosario sobreseyó a los empresarios Claudio Adrián Iglesias y Jorge Luis Oneto en la causa iniciada en 2019 por presuntas maniobras tributarias y lavado de activos.
El juez federal Carlos Vera Barros declaró la nulidad del decreto del 20 de agosto de 2019 que dio inicio a la investigación y de todas las actuaciones posteriores. El fallo hizo lugar al pedido de la defensa, ejercida por los abogados Oscar Eduardo Romera y Juan Ignacio Murray, con el dictamen favorable de los fiscales Diego Velasco (Procelac) y Juan Argibay Molina.
La resolución dejó sin efecto los allanamientos de octubre de 2019, las pruebas recabadas, los informes técnicos, las citaciones a indagatoria, los embargos y las prohibiciones de salida del país. El juez precisó en el texto que el proceso no afecta el buen nombre y honor de los imputados.
Elementos del fallo
Para fundamentar la nulidad, la resolución tomó en cuenta las pruebas obtenidas en la causa paralela contra el exjuez Marcelo Bailaque, en la que se investiga el direccionamiento de expedientes. En ese proceso, el exfuncionario de la AFIP Carlos Vaudagna y el financista Fernando Whpei admitieron mediante acuerdos homologados su participación en la confección de denuncias e informes administrativos para forzar la intervención del Juzgado Federal N° 4.
Entre las pruebas citadas figuran peritajes a teléfonos celulares, registros de geolocalización y la constatación de una diferencia horaria en el inicio de las actuaciones: la denuncia contra Iglesias y Oneto figuraba recibida en el juzgado el 14 de agosto de 2019 a las 12.35, mientras que el trámite anónimo que le dio origen se registró en la AFIP a las 12.55 de ese mismo día.
Estado de la causa contra el exjuez
El sobreseimiento de los empresarios no invalida el proceso penal contra Marcelo Bailaque, quien continúa procesado y con prisión domiciliaria. La realización del juicio oral se encuentra suspendida a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina si el expediente debe tramitarse bajo el Código Procesal Penal anterior o mediante el sistema acusatorio.