La magistrada Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, explicó los motivos de su fallo que suspendió por 60 días la aplicación de la ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires.
La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, se refirió este lunes a la suspensión por 60 días de la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. En declaraciones a la radio Now 97.9, la magistrada afirmó: “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”. También sostuvo: “No romantizo a los chicos que salen con un arma”.
La medida fue adoptada al resolver una acción de habeas corpus preventivo colectivo presentada el 31 de agosto por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones agrupadas en la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo.
Pascual justificó su decisión al señalar que “si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”. Además, explicó: “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”.
En su fallo, la jueza expresó: “Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes una vez cumplida la medida”.
Durante la entrevista radial, la letrada indicó que su función tiene dos objetivos: “Por un lado, tengo que escuchar a la víctima. Y por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia”.
La ley 27.801 fue aprobada por el Congreso Nacional el 28 de febrero pasado y entró en vigencia el sábado anterior. Este lunes, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la rebaja de la edad de punibilidad y nuevas penas para menores de edad. La autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal es el Ministerio de Justicia de la Nación. La normativa también prevé mecanismos para el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la coordinación con las provincias.