La Justicia Federal ordenó allanamientos en Rosario en el marco de una investigación por lavado de activos que vincula al financista Gustavo Shanahan con una causa originada en Barcelona. El procedimiento incluyó el departamento donde cumple arresto domiciliario.
La Gendarmería Nacional ejecutó este miércoles allanamientos ordenados por la Justicia Federal en Rosario, en el marco de una causa por lavado de activos. El procedimiento central se realizó en un departamento de calle Urquiza al 2000, donde reside bajo arresto domiciliario el financista y ex titular de la Terminal Puerto Rosario (TPR), Gustavo Shanahan. La causa incluye el pedido de tres órdenes de detención, embargos y secuestro de bienes.
Fuentes judiciales de la fiscalía confirmaron que el expediente está vinculado a la investigación penal originada en Barcelona sobre el patrimonio de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol y, en particular, sobre maniobras de blanqueo atribuidas a su hijo Jordi Pujol Ferrusola.
La conexión entre los allanamientos y los tribunales europeos se remonta a la década del 2000, cuando Jordi Pujol Jr. participó en la concesión del Puerto de Rosario mediante sociedades constituidas en el exterior. Shanahan actuó como socio local del grupo catalán en la TPR. En declaraciones posteriores, Shanahan detalló el ingreso de fondos no declarados desde España a través de fideicomisos, sociedades extraterritoriales y cuentas en paraísos fiscales.
La hipótesis de los investigadores indica que las estructuras societarias y financieras diseñadas en el marco de la causa de Barcelona habrían continuado operando para reciclar fondos de origen ilícito.
Shanahan fue condenado en diciembre de 2023 a siete años de prisión domiciliaria por comercializar dólares blue con sobreprecio a bandas delictivas vinculadas al narcotráfico, entre ellas la red del recluso peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon. Los nuevos allanamientos fueron autorizados por el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros. La investigación es impulsada por los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina (Procelac) y por los fiscales Matías Scilabra, Federico Reynares Solari y Matías Mené (Unidad Fiscal de Casos Complejos de Rosario).
Según la Justicia, el entramado apuntaba al reciclaje de capitales provenientes de la venta de estupefacientes y también al blanqueo de activos originados en corrupción corporativa y negocios internacionales vinculados a la trama de Barcelona. Las órdenes de detención y los embargos buscan desarticular el circuito financiero y congelar el patrimonio involucrado.