El Gobierno anunció en París el esquema que comenzará a recibir solicitudes en el cuarto trimestre de 2026. Contempla un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro o la suscripción de un título público de US$800.000, con montos diferenciados para familiares.
Argentina pondrá en marcha durante el último trimestre de 2026 un Programa de Ciudadanía por Inversión destinado a extranjeros que realicen determinados aportes económicos al país. El anuncio fue realizado este jueves en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de la Argentina Week.
El esquema comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. Contempla un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de US$800.000, creado específicamente para el programa. También establece montos diferenciados para cónyuges e hijos.
La iniciativa se encuadra en el marco normativo que creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión como organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía. Entre sus funciones se encuentran recibir y evaluar las solicitudes y elevar una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá a su cargo la decisión final.
Dos alternativas para acceder al programa
El esquema contempla dos mecanismos de inversión. La primera alternativa consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. La segunda opción establece la suscripción de un título público por US$800.000.
También podrán incorporarse familiares del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo correspondiente y cumplan con los aportes establecidos para cada categoría. Para cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, se establece un aporte de US$100.000 al Tesoro. En el caso de los menores de 18 años, el monto será de US$25.000.
De esta manera, un grupo familiar compuesto por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podría acceder al programa mediante aportes por un total de US$500.000.
Controles sobre fondos y antecedentes
El programa establece mecanismos de evaluación destinados a verificar la identidad de los solicitantes, el origen y la trazabilidad de los fondos y sus antecedentes. Todos los recursos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con las normas vigentes en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.
El proceso también contempla un análisis patrimonial y financiero, la evaluación del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el análisis del historial migratorio. La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de organismos especializados como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.
Una vez finalizado el análisis, la Agencia deberá elevar una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que será la autoridad encargada de aprobar o rechazar cada solicitud.
Un mecanismo creado para atraer capital extranjero
La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión fue incorporada al régimen de ciudadanía mediante modificaciones a la Ley 346. La normativa le asignó, entre otras funciones, implementar programas destinados a favorecer la radicación de capitales extranjeros, recibir solicitudes, requerir información a organismos públicos y evaluar cada expediente.
En abril de 2026, el Poder Ejecutivo designó a Aixa Granara como directora ejecutiva de la Agencia, organismo descentralizado que funciona en el ámbito del Ministerio de Economía. Con el anuncio realizado en París, el Gobierno definió el esquema económico del programa y anticipó que comenzará a recibir solicitudes durante el último trimestre del año.