El organismo que conduce Guido Lorenzino solicitó a la Justicia que el episodio ocurrido en septiembre en un barrio privado de Nordelta sea analizado también bajo la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, que prevé penas más severas que la Ley 14.346 de maltrato animal.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pidió que el ataque con arma de fuego contra un grupo de carpinchos en un barrio privado de Nordelta, ocurrido en septiembre, sea investigado también como un posible delito contra la fauna silvestre.
El organismo, conducido por Guido Lorenzino, solicitó a la Justicia «otra imputación, más grave» para Sebastián Favre, ex piloto de avión de 49 años que reside en el barrio junto a su esposa y sus dos hijos, y que disparó contra los animales.
La Defensoría requirió que a la investigación por los delitos de maltrato y crueldad animal (Ley N° 14.346), que tramita la UFI N°1 descentralizada de Benavídez a cargo del fiscal Cosme Iribarren, se incorpore el análisis de la eventual aplicación del artículo 25 de la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna.
El argumento del organismo provincial es que la Ley de Fauna contempla penas más duras por la captura y la comercialización de especies prohibidas. La condena prevista en esa norma es de dos meses a dos años de prisión y hasta cinco años de inhabilitación especial. En los supuestos agravados, la escala se eleva de cuatro meses a tres años de cárcel y hasta diez años de inhabilitación.
Según la Defensoría, el caso podría quedar alcanzado por la figura agravada, con una inhabilitación para el uso de armas de caza. No obstante, en el documento aclaró que se trataría de un delito excarcelable, aunque consideró que una eventual sanción «resultaría ejemplificadora».
Uno de los argumentos centrales del planteo es que no sería necesario comprobar que alguno de los disparos alcanzó a los carpinchos para analizar la conducta bajo la legislación de protección de la fauna silvestre.
La Defensoría sostiene además que el carpincho no está incluido entre las especies cuya caza se encuentra habilitada en la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, está alcanzado por el régimen de protección de la fauna bonaerense.
Con esta medida, el Gobierno provincial busca que se investigue dónde se produjeron los disparos, ya que el Código Rural establece prohibiciones específicas para la caza en zonas urbanas o suburbanas y en lugares habitualmente concurridos por público.