La Justicia federal imputará este viernes a Mariano Soria, docente y militante de la Asamblea de Acción por Palestina, por una denuncia privada del empresario Gustavo Tenembaum. La defensa solicitará la nulidad del expediente y cuestiona el despliegue antiterrorista.
Este viernes a las 13 se llevará a cabo la audiencia imputativa contra Mariano Soria, docente y militante de la Asamblea de Acción por Palestina, ante la Justicia federal de Rosario. Soria está acusado de infracción al artículo 3° de la Ley Antidiscriminatoria, a partir de una denuncia privada presentada por el empresario Gustavo Tenembaum, propietario de la firma Cecchini.
Según la defensa, el caso se originó por la denuncia de Tenembaum, quien señaló a Soria como presunto “cabecilla” de las manifestaciones realizadas frente a sus locales comerciales en repudio a las acciones militares en la Franja de Gaza. A partir de esa presentación, la investigación incluyó la convocatoria al Departamento de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA), escuchas telefónicas, seguimientos fotográficos, entrevistas a vecinos y dos allanamientos nocturnos autorizados por el juzgado.
La abogada defensora Gabriela Durruty, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó: «Cualquier ciudadano tiene derecho a presentar una denuncia, pero lo gravísimo aquí es la reacción absolutamente desproporcionada e ilegítima del servicio de justicia». Durruty es querellante en causas de lesa humanidad e integra el equipo defensor de la APDH.
«Los allanamientos son medidas legales excepcionales que violentan derechos; reservarlas para investigar una supuesta infracción a la Ley Antidiscriminatoria mediante una brigada antiterrorista no tiene justificación alguna», sostuvo la letrada.
Durante los operativos nocturnos en el domicilio de Soria, los efectivos policiales secuestraron material bibliográfico vinculado con su labor docente e historiográfica sobre el conflicto en Oriente Medio, además de un arma de colección inactiva y un objeto medieval de adorno. Soria es profesor de Historia graduado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y ejerce en escuelas secundarias de la ciudad y dependencias del Ministerio de Educación provincial.
«Secuestraron libros de historia sobre la revolución palestina e incluso la obra de un autor víctima del Holocausto, pretendiendo utilizarlo como prueba de expresiones antisemitas. El procedimiento nos recordó a los allanamientos de la dictadura por la nula proporcionalidad y la falta de criterio técnico: veían la palabra ‘Palestina’ y se la llevaban», enfatizó Durruty.
Respecto del encuadre penal, la defensa cuestionó el uso de la Ley Antidiscriminatoria. «La Ley Antidiscriminatoria es un logro social, pero aquí se pretende usar como un laboratorio para violentar la libertad de expresión. La jurisprudencia es clara: la libertad de expresión se protege precisamente cuando incomoda. Condenar un genocidio o repudiar acciones militares en el ámbito público jamás puede tipificarse como un delito de odio», agregó.
En la audiencia de este viernes, la defensa —conformada por Durruty junto con Julia Giordano, Jesica Pellegrini y Federico Pagliero— interpondrá en primer término las nulidades planteadas, al considerar que se vulneraron garantías constitucionales básicas y que no se justificó la competencia de la Justicia federal ni la intervención antiterrorista. Asimismo, anticipó que se opondrá a cualquier medida cautelar o restricción sobre la libertad de Soria que la Fiscalía pudiera solicitar.
«Si esta causa avanza, el precedente político e institucional es de una gravedad inusitada», concluyó Durruty. «Perseguir y criminalizar a ciudadanos por organizarse y expresar ideas disidentes ante una masacre transmitida en vivo al mundo nos retrotrae a un orden autoritario. Como sociedad civil tenemos la obligación de impedir que el derecho penal sea utilizado para acallar la protesta».