El exdiputado José Luis Espert acumuló dos rechazos judiciales en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no hizo lugar a un pedido de nulidad de medidas de prueba y a una recusación contra el fiscal Rodolfo Domínguez.
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó dos presentaciones de la defensa de José Luis Espert en la causa que investiga al exdiputado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según informaron fuentes judiciales.
El primer planteo solicitaba la nulidad de medidas de prueba ordenadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. Entre los cuestionamientos, la defensa sostuvo que el fiscal excedió sus atribuciones al disponer medidas posteriores a la indagatoria; que se incorporaron declaraciones testimoniales sin aviso a la defensa; que se pidieron informes patrimoniales de Espert, su pareja y terceros “ajenos al proceso”; que se agregaron informes de inteligencia “secretos” a los que no tuvo acceso; y que se realizaron peritajes a celulares y otros dispositivos secuestrados sin posibilidad de designar un perito de parte.
Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones consideraron que “los actos procesales impugnados se han desenvuelto con arreglo a la normativa aplicable, sin que se vislumbren vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego”.
El segundo planteo rechazado buscaba recusar al fiscal por “pérdida de objetividad” y “exteriorización de un interés ajeno al proceso”. En agosto, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro había rechazado esa posibilidad, y ahora el camarista Lugones rechazó la queja para revertir ese fallo.
La causa investiga a Espert por haber recibido en 2020 un pago de US$ 200.000 que estaría vinculado a Federico “Fred” Machado, un empresario detenido en Estados Unidos e investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico. El exfuncionario había declarado que ese dinero correspondía al “pago de un contrato de consultoría”. La Fiscalía sospecha que esos fondos podrían tener un origen ilícito y que podrían haber sido pagados a través de un contrato simulado para blanquearlos.