La comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados recibirá este miércoles a abogados, organizaciones sociales y expertos en derechos humanos para debatir el proyecto de reforma procesal penal. El oficialismo defiende la iniciativa y la oposición y especialistas plantean observaciones.
Luego de recibir la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia, que aportó varias observaciones, este miércoles a la tarde será el turno de una variada mesa. Desde el Colegio de Abogados de Rosario y el de Santa Fe hasta el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos de la UNR y la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, de quien se espera varios contrapuntos.
A su vez, se recibirá a la Asociación Civil Familiares de Víctimas contra la Inseguridad de Rosario, al Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, a la Red Puentes y a la Red de Vecinales por Seguridad y Desarrollo Humano. En estos casos, se espera que la recepción de las observaciones sea distinta a la de los abogados penalistas.
Sobre eso hizo hincapié el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y vocero del proyecto del oficialismo, Martín Rosúa, para contestar a las críticas sobre algunos puntos. “La política a veces tarda más en entender necesidades, pero es claro el apoyo social», indicó.
“Siempre habrá una tensión entre los derechos de la sociedad que quiere vivir en paz y los de los investigados, que no quieren que el Estado los pase por arriba. Se resuelve estudiando el texto y no con sesgo ideológico”, explicó.
En otro argumento que pone sobre la mesa, apela más a la lógica que a lo técnico: “Hay que mirar la primera etapa. Tuvimos cinco o seis leyes muy potentes que depararon esta misma discusión. Y tuvimos éxito en los resultados y ningún problema de exceso generalizado en la actuación de la policía o los fiscales”.
El diputado de la UCR Martín Rosúa es el vocero de la ley del oficialismo por presidir la comisión de Seguridad.
Justamente, eventuales problemas de procedimiento es lo que sostiene los mayores cuestionamientos. En la Corte Suprema hicieron una observación general de la inconveniencia de ampliar facultades a la policía y a los fiscales salteando el control del juez. “Hay varias objeciones puntuales”, confiaron a La Capital.
Por un lado, sobre las medidas coercitivas por decreto fiscal. Significa que la fiscalía podrá imponer medidas no privativas de la libertad (como vigilancia electrónica, restricciones de circulación, supervisión o cauciones) mediante un decreto fundado. Así, el control judicial se desplaza a una etapa posterior, permitiendo que el imputado se oponga después de la medida. “No afecta el derecho de defensa sino que reconfigura temporalmente su ejercicio”, refleja el texto del oficialismo.
Pero tiene reparos de los juristas. También el procedimiento por decreto penal: se aplica a delitos menores y a contravenciones que no implican prisión efectiva y para casos con prueba objetiva contundente. El fiscal solicita un decreto de condena sin audiencia previa, el cual puede ser revisado por un juez si el condenado lo solicita.
El ministro de la Corte Daniel Erbetta fue uno de los vehementes a la hora de las objeciones. Si bien no existen definiciones por el momento y debe afinarse la letra, se propone que al menos haya pautas objetivos, de plazos, seguras y claras como para que no haya ningún vicio.
Policía con más poder
Uno de los once puntos reintroduce la declaración informativa para las etapas iniciales de la investigación, permitiendo recolectar datos cuando todavía es prematuro definir si una persona es imputada o testigo. Por otra parte, se habilita el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y se elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
“En una escena del delito, la policía, para mantener la seguridad pública o para evitar que ese delito se siga consumando, interroga a los que están en ese lugar en los primeros diez minutos porque pueden terminar con ese delito o conducir la investigación. Es lo más natural del mundo que pregunte ni bien llega”, argumentó.
Parece natural, pero hay ciertos grises que se señalan. Rosúa aclara: “Si no quiere declarar, se pide un abogado defensor. Nadie va a habilitar ninguna coacción”. ¿Qué validez probatoria tiene? Están discutiendo eso justamente.
Luego insiste: “¿Es un problema generalizado (las nulidades)? Hoy en el procedimiento no tenemos causas constantes por nulidad de la policía o los fiscales y, si no es un fenómeno, no podemos legislar atendiendo eso. No es una ley de potenciar las facultades policiales sino para darle herramientas al Estado para modernizarse en la lucha contra el delito”.
Por último, se cuestiona el allanamiento automático por secuestro de armas. Es que se faculta el allanamiento sin orden judicial cuando se trata del secuestro de armas de fuego o materiales controlados en la vía pública, buscando evitar que la demora en el trámite judicial permita ocultar la evidencia. “El control lo difiero, pero te doy la herramienta para que se actúe”, explicó Rosúa. Y añadió: “¿No es sentido común que a una persona que encontrás con un arma o explosivo en la calle automáticamente le podés allanar la casa sin dilaciones?”
La idea inicial es que se vote en la Cámara baja en la sesión del 29 de octubre próximo. Aún falta más de una semana en la que el proyecto deberá afinarse y, sobre todo, ponerse de acuerdo en el Unidos. “Podemos tener matices o miradas diferentes, pero respecto de todo el paquete anterior siempre la discusión en Unidos fue enriquecedora”, se ilusionó el radical.