El Juzgado Federal N°4 de Rosario citó a declaración indagatoria a tres exintegrantes de Inteligencia del Ejército por el asalto ocurrido el 8 de octubre de 1984, en el que se sustrajeron expedientes sobre crímenes de lesa humanidad.
El Juzgado Federal N°4 de Rosario citó a declaración indagatoria a tres nuevos imputados en la causa por el robo de documentación sobre la última dictadura militar en los Tribunales Provinciales, ocurrido el 8 de octubre de 1984.
Los acusados, identificados como V.H.R., E.R.C. y W.D.P., formaban parte del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército y son investigados por su presunta participación en la organización y ejecución del asalto, que tuvo como objetivo destruir pruebas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad y la región.
La medida fue dispuesta a partir de un dictamen del fiscal Adolfo Villatte, titular de la Unidad de Asistencia para causas de Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de la jurisdicción Rosario. Las indagatorias se concretarán en las próximas semanas.
En la madrugada del 8 de octubre de 1984, un grupo irrumpió en el edificio de Pellegrini y Balcarce y robó una importante cantidad de documentación relacionada con los crímenes de lesa humanidad.
Aquella noche, la custodia policial del edificio de los tribunales estaba a cargo del sargento Demetrio Flores y del agente Juan José Aguirre. Cerca de las dos de la mañana, un hombre con uniforme se acercó a la puerta vidriada de calle Balcarce y exhibió un papel indicando que llevaba un oficio de una comisaría. Los guardias le abrieron y junto al falso uniformado se sumaron otros que estaban esperando detrás de bastidores. Los dos custodios fueron amenazados, atados, amordazados y encerrados en una dependencia. Allí permanecieron hasta las 5 de la mañana, cuando comenzaron a llegar sus relevos.
Quienes irrumpieron aquella noche en Tribunales sabían qué tenían que hacer, cómo hacerlo y dónde buscar. Ingresaron al Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación, forzaron la puerta del despacho del juez Francisco Martínez Fermoselle, un cajón de su escritorio y dos armarios. Se llevaron tres cuerpos de expedientes que contenían información sobre delitos de lesa humanidad.
Lo que se robó aquella noche en Tribunales fue toda la causa Feced, cuyo nombre refería a quien fue Jefe de Policía de Rosario durante la dictadura y uno de los mayores represores de la región. Allí se encontraban todas las denuncias realizadas por las víctimas de la represión y todo lo apuntado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Además, algunos días antes, el juez Fermoselle había ordenado una serie de allanamientos en distintas casas operativas que tenía la inteligencia del Ejército. Una de ellas estaba ubicada en Dorrego al 1600. Allí encontraron documentación y elementos “secuestrados” —robados— en los distintos procedimientos realizados por las fuerzas represivas entre 1976 y 1983. Para no trasladar semejante volumen de archivos y pruebas se decidió dejar todo ahí custodiado por un policía. La misma madrugada del robo a Tribunales, el departamento de calle Dorrego también fue saqueado.
Por el hecho, en el 2019, fueron procesados dos coroneles: Héctor Fructuoso Funes, jefe de Inteligencia del Estado Mayor de Comando del II Cuerpo del Ejército, y Luis Américo Muñoz, segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. En 2023, Fructuoso Funes fue finalmente condenado y reconoció haber sido responsable del robo. Muñoz, en cambio, murió estando procesado.
Además del reconocimiento de Funes, una entrevista realizada en 1986 a Gustavo Francisco Bueno, personal civil de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121, sirvió como material para la nueva citación. En su declaración, describió la composición del grupo responsable del operativo e identificó entre sus integrantes a personas que ahora fueron citadas a prestar declaración indagatoria. También explicó que el funcionamiento de esa estructura requería un suministro sistemático de información desde los tribunales sobre las causas que investigaban a responsables de delitos de lesa humanidad.
Las nuevas citaciones buscan profundizar la investigación sobre las responsabilidades individuales de quienes habrían participado en la estructura de inteligencia y en la ejecución del asalto. Según la nueva evidencia reunida, el operativo habría formado parte de un aparato organizado de poder, integrado por distintos actores que coordinaban sus acciones para sustraer pruebas y obstaculizar el accionar de la Justicia.
Entre los citados se encuentran dos exintegrantes del Personal Civil de Inteligencia, ambos vinculados con el grupo de tareas liderado por Pascual Oscar Guerrieri y con múltiples condenas en distintos tramos de esa causa, además de un exjefe de la Sección Segunda del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército.