Un informe de UNFPA señala que la tasa de fecundidad adolescente en la región cayó un 30% entre 2010 y 2025, pero persisten desigualdades entre países y dentro de ellos. En Portobelo, Panamá, lideresas comunitarias advierten sobre la falta de información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
En Portobelo, localidad de la costa caribeña de Panamá, personas adultas suelen advertir a las adolescentes: “¡Cuidado que sales con tu domingo siete!”. La expresión, común en varios países de Centroamérica, alude a un embarazo inesperado. Según Jiseel Muñoz Chavarría, joven lideresa de esa comunidad de la provincia de Colón, la advertencia casi nunca va acompañada de una explicación: “Todavía lo tienen como un tabú. Nunca les explican cómo evitar los embarazos no intencionales”.
Lo que ocurre en Portobelo refleja una situación presente en América Latina y el Caribe. A muchas adolescentes se les pide que eviten un embarazo, pero la mayoría de las veces ni ellas ni los adolescentes reciben la información, los anticonceptivos y los servicios de salud sexual y reproductiva que necesitan para hacerlo. Dos de cada tres embarazos en adolescentes son no intencionales y, en muchos casos, derivan en matrimonios infantiles o en uniones forzadas.
La región ha registrado avances en las últimas décadas. Entre las chicas de 15 a 19 años, la tasa de fecundidad pasó de alrededor de 73 nacimientos por cada mil en 2010 a 50 en 2025, una disminución cercana al 30%. Sin embargo, los países no avanzan al mismo ritmo y los promedios nacionales pueden ocultar desigualdades dentro de un mismo país.
Las chicas que nacen en hogares de bajos ingresos, áreas rurales, o bien son de comunidades indígenas o afrodescendientes, suelen enfrentar mayores riesgos de quedar embarazadas antes de los 19 años. Las situaciones de vulnerabilidad condicionan sus posibilidades de acceder a anticonceptivos, educación integral de la sexualidad y servicios de salud de calidad.
Esto se observa con especial claridad en las áreas rurales y costeras de Centroamérica y el Caribe, donde viven comunidades afrodescendientes, creoles, garífunas, miskitas e indígenas que han sufrido largos procesos de exclusión. Los adolescentes de estas poblaciones encuentran mayores obstáculos para recibir educación integral de la sexualidad y acceder a servicios de salud de calidad, confidenciales y adaptados a sus necesidades. Un ejemplo básico es la distancia al centro de salud, que en muchos casos queda alejado de sus comunidades.
También influyen la falta de personal e insumos, los prejuicios, el racismo y la existencia de servicios que no siempre tienen en cuenta las lenguas ni las prácticas culturales de las comunidades. A estas barreras se suma el tabú que todavía rodea la sexualidad dentro de muchas familias y escuelas.
La reducción de la tasa regional demuestra que las políticas públicas han dado resultados. A este avance han contribuido la ampliación de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y la incorporación gradual de la educación integral de la sexualidad.
Para ir más allá de los promedios nacionales y atender las necesidades de poblaciones vulnerables, la respuesta también debe tener en cuenta sus circunstancias. Servicios de salud gratuitos, confidenciales, cercanos y libres de racismo y discriminación marcarían una diferencia. Es el caso también de educación integral de la sexualidad dentro y fuera de la escuela, con contenidos adecuados a cada edad y un enfoque territorial e intercultural. Por otra parte, hacen falta mecanismos eficaces de denuncia y acceso a la justicia frente a la violencia sexual.
Los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas requieren una respuesta específica. El 35% de los embarazos en adolescentes se produce en el contexto de una unión de este tipo, mientras que el 45,4% de las adolescentes que viven en esas uniones queda embarazada. Prevenir el embarazo en adolescentes no se limita, por tanto, a facilitar anticonceptivos. También exige que las familias, las escuelas, los servicios de salud y las comunidades creen las condiciones necesarias para prevenirlo.
Cuando las niñas y adolescentes puedan decidir sobre sus cuerpos y planificar su vida reproductiva de manera libre e informada, cuando sea una realidad la prevención de toda forma de violencia basada en género, incluida la violencia sexual, y cuando puedan tener las oportunidades y herramientas para desarrollar su proyecto de vida, estarán en una mejor posición para decidir escoger el camino que desean recorrer en la vida. Es su derecho hacerlo.
*Asesora regional de salud sexual y reproductiva para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en América Latina y el Caribe. Latinoamerica21.