La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolverá este martes si mantiene en pausa el fallo que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de la sentencia por la expropiación de 2012. Lo que analizará es el dictamen de la jueza de instancia inferior, Loretta Preska, para que el Estado entregue sus acciones en la petrolera al fondo especulativo Burford Capital.
El caso, un litigio contra el Estado argentino por no respetar, según la demanda, el estatuto de la petrolera cuando expropió el 51% de sus acciones en 2012, fue asignado al fondo de inversiones que ya contabilizó en sus balances una décima parte del monto total del reclamo.
Tres probables definiciones de la Justicia estadounidense
Según la mayoría de los analistas del caso, una posibilidad es que la Corte le conceda a la Argentina continuar la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones. La jueza Preska determinó en junio pasado que el juicio de 16.100 millones de dólares se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.
Otra opción es que en segunda instancia se niegue la cautelar presentada por el Estado y, por lo tanto, se habilite a Preska a pedir la ejecución de las acciones. Ya el financista de los demandantes, Burford Capital, anticipó que no liquidará ese pago, como “acto de buena fe”.
Por último, la Corte puede conceder la medida en suspenso, pero en el entendimiento de que pagar con acciones lo exigido por el fondo especulativo es casi imposible para la Argentina. En este caso, puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF. Por ejemplo, bonos de mediano o largo plazo.
Si la Corte de Apelaciones mantiene en suspenso la orden de la jueza Preska de entregar el 51% de acciones de YPF como pago del juicio, habrá otra instancia en la que se definirá sobre esa orden en sí.
Más alternativas
Si la Corte no concede la suspensión total del traspaso de las acciones, es decir, se define por cualquiera de las otras dos opciones, se abren dos caminos.
Uno es que el Estado argentino decida iniciar un proceso de acuerdo con los acreedores. La otra, es que resuelva no cumplir el fallo.
En el segundo caso, la Argentina corre riesgo de entrar en desacato. Y se arriesga a un embargo de reservas del Banco Central (BCRA), acciones para que el país no pueda salir a los mercados de capitales o embargos sobre activos de YPF.
Los tiempos y la decisión de fondo
En caso de que la Corte neoyorkina falle en cualquiera de los sentidos desfavorables para la Argentina, el Gobierno puede recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Además, una vez resuelta la cuestión de la suspensión cautelar, la Corte de Apelaciones deberá decidir sobre el fondo del asunto: la legitimidad de la orden de Preska que obliga a la Argentina a entregarlas acciones a Burford. Eso, porque lo más probable es que lo que podría definirse esta semana sea solo si se bloquea temporalmente la decisión de la jueza de primera instancia mientras se resuelve la apelación principal.
No obstante, la decisión sobre la suspensión cautelar (stay) puede influir en la velocidad en la que se tratará el caso de fondo.
Burford hace negocios
En su último balance trimestral, Burford valuó sus activos vinculados al caso YPF en 1.600 millones de dólares al 30 de junio de 2025. Esto representa nada menos que el 43% del portafolio de su segmento principal de finanzas.
El fondo de inversiones ya vendió derechos por más de la mitad de lo que cobraría por haber ganado el juicio.
Lo que sigue
Para el 27 de octubre, en tanto, está programada tentativamente la audiencia oral de la apelación principal del caso. Se trata de la sentencia de más de 16.000 millones de dólares.
Con respecto a la apelación de fondo, la Procuración del Tesoro de la Nación evitó especulaciones sobre el desenlace final, y ante la consulta del portal especializado Bloomberg en línea dijo que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa los intereses de la Argentina, se encuentra trabajando en todos los escenarios posibles.
Por qué es el juicio
El juicio es por la expropiación de la petrolera, por el cual la jueza Preska dispuso que la Argentina debe indemnizar a los demandantes en 16.100 millones de dólartes, a los cuales se les suman más de 2 millones diarios de intereses.
En el juicio no se discute si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, ni un tema de soberanía del país.
La demanda es porque el gobierno de Cristina fernández, según los demandantes, no realizó la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF. Argumentan que esa omisión perjudicó derechos de inversores que compraron las acciones en Nueva York, donde cotiza YPF, y que por lo tanto da lugar a que el litigio se produzca en Nueva York.
Según interpretó el diario Clarín, el litigio surge del incumplimiento de una promesa realizada por el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1993, cuando acudió a Wall Street para privatizar la empresa recaudando 1.100 millones de dólares bajo las leyes y regulaciones del mercado de capitales de Estados Unidos.
Los actores del juicio, muchos
Uno es el Grupo Petersen, que adquirió antes el 25% de YPF con fondos prestados por la propia Repsol (la dueña hasta ese entonces de YPF) y un grupo de bancos internacionales, entre los que se destacaron Credit Suisse, Goldman Sachs y el Citibank.
Con Petersen accionista, el gobierno de Cristina Fernández decidió la expropiación de YPF. La Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, aprobada en mayo de 2012, le permitió al Gobierno expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol.
Cuando Petersen adquirió las acciones, se comprometió a pagar con dividendos de sus acciones en la petrolera. Pero cuando se nacionalizó YPF, la empresa prohibió los dividendos, lo que llevó a Petersen a la quiebra al no poder pagar a los bancos.
El inicio de la causa y el ingreso del fondo de inversiones
El juicio de YPF se inició en 2015. Y allí entró el actor que hoy es protagonista: Burford Capital.
La quiebra de las empresas del Grupo Petersen recayó en el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid, que nombró a un síndico y subastó el derecho a litigar.
En la subasta pública, Burford Capital, una compañía que se dedica a comprar juicios para luego financiar los litigios, fue elegida por el síndico porque Petersen carecía de los recursos, el capital y la experiencia necesarios para llevar adelante un pleito caro, complejo y largo.
Burford también financió el pleito de Eton Park (una empresa de inversiones de Nueva York). Petersen y Eton Park eran el segundo y tercer mayor inversor en YPF, respectivamente.
Burford ganó la subasta y fue designado por el Tribunal español para gestionar y financiar el litigio. Pero no compró las demandas, y no es propietario de las mismas.
Sin embargo, cuando los acreedores cobren la demanda (si el fallo es contrario a la Argentina), un 70% irá a Burford Capital y el 30% le corresponde a la quiebra de las empresas del Grupo Petersen a cargo de un síndico.
Este síndico distribuirá ese dinero entre los acreedores de la quiebra de Petersen, que no va a recibir fondos, porque las deudas que tiene por los préstamos son probablemente mayores a lo que le correspondería.
Fuentes cercanas a los Petersen aseguraron a la agencia NA que “la familia Eskenazi puso 100 millones de dólares de fondos propios” en esa operación. “Está certificado eso en la operación de compra”, señaló esa fuente «de primera línea».