La Corte de Apelaciones de Nueva York, en Estados Unidos, falló a favor de la Argentina y dejó en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de YPF como pago en el juicio por la nacionalización del 51% de la empresa petrolera. El fallo de Preska implica una injerencia escandalosa del imperialismo en los asuntos del país.
Esa instancia se resolverá el lunes 27 de octubre, un día luego de las elecciones legislativas nacionales de medio término.
«Tras la debida consideración, se ORDENA que se CONCEDAN las mociones de suspensión y que se SUSPENDAN las órdenes del tribunal de distrito del 30 de junio de 2025 en espera de la resolución de estas apelaciones. Además, se ORDENA que se CONCEDAN las mociones de los Estados Unidos para presentar escritos como amicus curiae», señala el fallo. Así lo informó Bloomberg, el tribunal de apelaciones con sede en Nueva York dictaminó que Argentina no tiene que entregar por ahora su participación en YPF a los acreedores, mientras duren los trámites de apelación. Según especialistas, la decisión del Tribunal es “administrativa» y puede volver a ser apelable.
Tras conocerse el fallo la Procuración del Tesoro de la Nación comunicó que «esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos». El Gobierno celebra el fallo, pero sus políticas promueven una mayor subordinación y dependencia al imperialismo.
En 2008 el kirchnerismo impulsó la compra del 25% de las acciones por parte de la familia Eskenazi, que no tenían antecedentes en el mundo del petróleo. Fueron dos operaciones, financiadas por bancos internacionales y la propia Repsol, que sumaron U$S3.540 millones, a pagar en cuotas y con las ganancias que generase, es decir ingresaron al negocio sin poner un dólar. Un negocio redondo. Es la misma familia que está asociada a los buitres que en la actualidad le reclaman a la Argentina.
El fallo de la jueza Loreta Preska fue posible gracias a la prórroga de jurisdicción argentina a favor de tribunales extranjeros. Fue la dictadura cívico-militar la que eliminó la obligación de la competencia de la justicia nacional y permitió intervenir a la extranjera. Ninguno de los gobiernos posteriores discutió estos instrumentos de dependencia semicoloniales.
Es necesaria la nacionalización de YPF para que sea una empresa 100% pública gestionada por sus trabajadores y técnicos y también del conjunto de las grandes empresas transnacionales de distintos segmentos del sector energético.
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