Si bien el gobierno nacional derogó el decreto que regulaba las cuotas de los colegios privados, en la provincia se sostendrá el sistema mediante el cual se fijan los aranceles desde hace más de 20 años. Así, apenas un 6 % de las escuelas privadas no tienen tope para establecer el monto mensual que pagan las familias de los alumnos. El resto, deberá ajustarse a la grilla que calcula las cuotas en función del aporte estatal que reciben las instituciones y el salario docente.
De acuerdo al último cálculo de cuotas máximas permitidas para los colegios, correspondiente al mes de octubre pasado, los aranceles oscilan entre los $ 61.752 (para los establecimientos que reciben el 100 % de aporte estatal para pagar los sueldos docentes) hasta $ 277.883 (para los que cuenta con el 40 % de fondos públicos para cubrir salarios).
En el medio hay otras variantes. Los colegios que tienen un aporte estatal del 80 % pueden cobrar entre $ 111.153 y $ 166.730, para los que perciben un 66 % los topes van desde $ 148.204 a $ 222.306, los que cuentan con un subsidio del 60 % tienen límites de entre $ 160.555 y $ 240.832 y, finalmente, para los que tienen reciben un aporte del 40 % el límite para las cuotas va de los $ 185.255 a los $ 277.883.
En cada una de esas categorías, los diferentes precios de las cuotas están relacionados con la cantidad de propuestas que ofrezcan por fuera de las materias obligatorias, como talleres de idiomas o actividades relacionadas con deportes, informática o educación artística, por citar algunos ejemplos.
En la provincia, el 94 por ciento de los colegios de gestión privada recibe algún tipo de aporte estatal, por lo tanto debe ajustar sus cuotas a los límites fijados por el Ministerio de Educación. Apenas un puñado de colegios tienen vía libre para fijar sus aranceles, la mayoría están ubicados en Rosario, como el colegio San Bartolomé, el San Patricio o el Alemán, que suelen ubicarse entre los más caros de la ciudad.
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Santa Fe, sin cambios
Los precios de las cuotas de los colegios privados volvió a ser tema de discusión este martes, cuando se publicó en el boletín oficial el decreto nacional que derogó la norma que desde hace tres décadas regulaba el sistema de aranceles. De esta forma, las instituciones ya no necesitarán la autorización del Estado nacional para aumentar o modificar los montos de cuotas y matrículas, podrán hacerlo cuando quieran.
Sin embargo, desde el Ministerio de Educación santafesino se aclaró que el nuevo decreto «no resulta aplicable ni vinculante para la provincia, en materia de aranceles escolares de instituciones de gestión privada, ya que las escuelas en su totalidad fueron transferidas a la provincia en el año 1995 a través de un decreto del poder ejecutivo nacional». Lo que implica que se mantendrá el sistema actual de cálculo de aranceles.
«Esta norma no tiene ningún tipo de impacto en Santa Fe«, remarcó la directora provincial de Educación de Gestión Privada, Analía Massera, y recordó que, en rigor, la gestión de Javier Milei «derogó normativas del año 91 y 93, anteriores a que las escuelas tanto de gestión pública como privada pasaran bajo la órbita y responsabilidad de cada una de las provincias».
Por eso, en Santa Fe seguirán vigentes los topes para los aranceles de acuerdo al porcentaje de aporte estatal. Las escuelas que no reciben subsidios _aclaró la funcionaria «son apenas el 6 %, la mayoría ubicadas en Rosario, y son los que no tienen tope para fijar la matrícula». Pero además, explicó, «las cuotas de las escuelas tiene que ver también con la oferta y la demanda. Los aranceles son los que pueden pagar los padres, ya que si la escuela pone una cuota exorbitante, se les vacía de estudiantes».
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Colegios y territorios
Los establecimientos de gestión privada de la provincia, están normados por la Ley de Enseñanza Privada, vigente desde 1969, que regula la existencia y el funcionamiento de escuelas creadas por iniciativa privada. En cuanto a los aranceles están regulados por la disposición (N° 18 de 2003) donde se clasifican los establecimientos de acuerdo al aporte estatal y se establecen topes de acuerdo al porcentaje de subsidio.
La norma establece que cada colegio debe informar en forma periódica al Ministerio de Educación sobre las modificaciones de las cuotas. De acuerdo a la oferta educativa o las características socioeconómicas de las familias de sus alumnos, los colegios que reciben aporte estatal pueden establecer aranceles menores a los topes establecidos por la cartera educativa, pero en ningún caso pueden estar por encima.
Para los representantes legales de tres colegios consultados por La Capital, esa reglamentación hace sustentable el funcionamiento del sistema, ya que al estar fijada sobre la base del salario docente hace previsible el monto de las cuotas, tanto para los padres de los alumnos, como para los administradores de las escuelas.
También coincidieron en señalar que la realidad de la mayoría de los colegios privados de la provincia es diferente a la que se presenta para las instituciones de la ciudad o la provincia de Buenos Aires. «Acá abrir una escuela no negocio», apuntó el referente de un colegio confesional y aseguró que la mayoría de los establecimientos se sostiene «al filo» de sus posibilidades económicas.
De echo, explicaron, «no hay empresas o familias dueñas de escuelas, sino que pertenecen a parroquias, congregaciones religiosas o colectividades extranjeras» que tienen una larga historia dentro de sus territorios.