Dos hombres que se encontraban detenidos bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense quedaron en prisión preventiva, acusados de haber montado una estafa mediante mensajería instantánea en perjuicio de una familia rosarina. Según la investigación, simularon una relación sentimental con una joven con retraso madurativo y, a lo largo de casi dos años, lograron que transfiriera más de 31 millones de pesos pertenecientes a su madre.
La audiencia imputativa se realizó el 18 de marzo en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El fiscal Aurelio Cicerchia atribuyó a Alber Martínez (31), domiciliado en Escobar, y a Martín Patane (37), de Marcos Paz, el delito de estafa en calidad de coautores.
De acuerdo con la acusación, ambos llevaron adelante la maniobra mientras estaban alojados en la Unidad Penitenciaria N°11 de Baradero, una cárcel de régimen semiabierto, donde cumplían condenas previas. Para ello utilizaron teléfonos celulares desde los que se comunicaban con la víctima.
El juez Alejandro Negroni tuvo por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva efectiva: por el plazo de ley para Martínez y por 90 días para Patane.
La Fiscalía sostuvo que los acusados defraudaron a una mujer al aprovecharse de la vulnerabilidad de su hija, con quien establecieron un vínculo afectivo simulado. La maniobra se habría desarrollado desde una fecha indeterminada de 2023 hasta noviembre de 2025, con un perjuicio estimado en 31.485.500 pesos.
Según la atribución, el engaño consistió en entablar, a través de WhatsApp, una supuesta relación sentimental a distancia con la joven, a quien manipulaban emocionalmente. Entre otras excusas, le prometían viajar a Rosario para concretar un encuentro que nunca pensaban realizar o le solicitaban dinero para afrontar gastos personales.
Bajo ese esquema, lograron que la joven retirara ahorros pertenecientes a su madre del domicilio que compartían y los transfiriera a distintas cuentas.
En particular, la investigación señala que Patane realizaba videollamadas para indicarle cómo contar el dinero en efectivo y luego le proporcionaba los datos de cuentas bancarias donde debía depositarlo. Una vez realizadas las transferencias, le exigían el envío de comprobantes mediante fotografías para confirmar la acreditación.
De este modo, siempre según la Fiscalía, entre 2023 y 2025 la víctima realizó depósitos de distintos montos a más de doce destinatarios.
Uno de ellos fue Martínez, quien recibió transferencias entre junio y noviembre de 2025 por un total de 12.809.000 pesos.