Legisladores nacionales presentaron una queja formal ante la Procuración General, cuestionando la celeridad y el manejo de pruebas en la causa.
Diputados nacionales que integraron la comisión investigadora sobre la criptomoneda $Libra presentaron este miércoles una denuncia contra el fiscal federal Eduardo Taiano. Los firmantes, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Juan Marino, Itai Hagman, Esteban Paulón, Julia Strada y Rodolfo Tailhade, elevaron la presentación al procurador Eduardo Casal.
En el escrito, los legisladores sostienen que, tras analizar el desenvolvimiento del fiscal, se podrían estar configurando «graves infracciones a sus deberes de funcionario público», en violación al artículo 120 de la Constitución Nacional y leyes especiales. Argumentan que su actuación ha provocado «demoras injustificadas en la producción de pruebas» y conductas contrarias al «deber de objetividad».
Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere al manejo de dispositivos electrónicos secuestrados a Mauricio Novelli y Sergio Morales. Según los diputados, el material fue recibido por la fiscalía entre marzo y mayo de 2025, pero recién el 9 de septiembre de ese año se ordenó su análisis, lo que consideran una «primera dilación significativa».
Además, los denunciantes señalan que el 17 de noviembre de 2025 la fiscalía recibió un informe preliminar del peritaje telefónico de Novelli, sin incorporarlo a la causa ni ponerlo a disposición de las partes querellantes. Aseguran que el peritaje completo finalizó el 7 de enero de 2026, pero su carga al sistema judicial LEX 100 se realizó el 25 de febrero, y el acceso integral para los interesados recién se concretó el 13 de marzo de 2026.
Los diputados también cuestionan que, hasta el momento, «no se dispusieron llamados a indagatoria, ni se formalizaron imputaciones». Consideran que estas «dilataciones» no están fundadas en complejidades técnicas, sino que «revelan una inactividad incompatible» con los deberes del cargo. Finalmente, afirman que la «retención indebida de prueba relevante» y su eventual ocultamiento resultan «incompatibles con el principio de objetividad».