Representantes municipales, nucleados en la Federación Argentina de Municipios, se movilizaron al Ministerio de Economía para presentar un petitorio centrado en la liberación de recursos, la reactivación de obras y la recomposición de la coparticipación.
Intendentes de diversas localidades del país se concentraron en las puertas del Ministerio de Economía de la Nación para elevar un reclamo formal al ministro Luis Caputo. La movilización, convocada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), tuvo como objetivo principal la entrega de un petitorio con tres puntos centrales: la liberación de fondos retenidos, la reactivación de la obra pública y una recomposición de los recursos ante la merma en la coparticipación.
Entre los presentes se encontraban intendentes de distintos signos políticos, con una destacada presencia de representantes de la provincia de Buenos Aires. La delegación fue encabezada por el intendente de La Matanza y presidente de la FAM, Fernando Espinoza. También acompañaron el ministro de Infraestructura y Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis; el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco; y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
Dado que el ministro Caputo se encontraba participando en un evento en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), los intendentes no pudieron hacerle entrega personal del documento. No obstante, el reclamo fue formalizado y hecho público.
En el petitorio, los municipios detallaron que la suma retenida en concepto de impuesto a los combustibles líquidos asciende a 6,1 billones de pesos, fondos que originalmente estaban destinados a financiar obras en las provincias a través de la coparticipación. Desde la FAM manifestaron su preocupación por la caída en la recaudación, lo que afecta las transferencias a las provincias y municipios y, según señalaron, compromete el pago de aguinaldos en varias jurisdicciones.
Los intendentes argumentaron que, si bien muchas demandas recaen sobre las provincias, temas como la liberación de fondos nacionales, la entrega de alimentos y medicamentos, y la ejecución de obras públicas dependen de respuestas directas de la Nación. Por ello, aclararon que el reclamo está dirigido específicamente al gobierno nacional, para evitar, según sus palabras, «confusiones y costos políticos injustos» con los gobiernos provinciales.