Una iniciativa que propone un esquema integral de control y sanciones más duras para las carreras clandestinas en la ciudad suma aportes de distintos bloques y acelera su tratamiento legislativo.
Un proyecto de ordenanza para crear un Protocolo Antipicadas, presentado en febrero por la concejal Samanta Arias (LLA), está ganando impulso político en el Concejo Municipal de Rosario. La propuesta, que plantea un enfoque de «tolerancia cero» con intervención coordinada de áreas municipales, ha recibido aportes de otros bloques y cuenta con el apoyo del oficialismo, lo que acelera su tratamiento en comisión.
El eje de la iniciativa es pasar de operativos aislados a una estrategia sistemática para disuadir y sancionar a quienes realicen pruebas de velocidad ilegal y conducción temeraria. «Queremos terminar con las picadas ilegales en nuestra ciudad. En Rosario, el que crea que puede usar la calle como pista de carreras, tiene que saber que vamos a ser inflexibles», afirmó Arias.
El proyecto surge ante reiteradas denuncias vecinales por descontrol vehicular, especialmente en zonas como bulevar Oroño y Lamadrid, y la avenida Carrasco entre Puccio y Pintor Musto, en las inmediaciones de La Florida. Según testimonios, durante las madrugadas se registran concentraciones de autos y motos que corren a alta velocidad, generando riesgos y alterando la vida de vecinos y comerciantes.
Desde el oficialismo local se señaló que actualmente se trabaja con operativos de punto fijo preventivos y con acciones coordinadas con el 911 ante denuncias. La nueva propuesta establece operativos tácticos de saturación permanente durante fines de semana y vísperas de feriados, guiados por un mapa de calor del delito y las denuncias al 147. El esquema incluye operativos cerrojo para bloquear vías de escape y secuestrar vehículos.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la «adecuación técnica obligatoria». En caso de secuestro, los jueces de faltas deberían ordenar el decomiso y destrucción de autopartes no homologadas, como sistemas de óxido nitroso o escapes modificados, antes de devolver el vehículo. El infractor afrontaría además el costo de ese desmantelamiento.
«El Estado no puede devolverle a un infractor el vehículo con el que puso en riesgo la seguridad e incluso la vida de los rosarinos. Si el auto está modificado para correr, debe desmantelarse», sostuvo la concejal.
Además, la propuesta contempla un aumento considerable de las multas por reincidencia, pudiendo llegar a la inhabilitación definitiva para conducir tras una segunda reincidencia. Los concejales oficialistas que analizan el expediente ven con buenos ojos la posibilidad de avanzar en una normativa más estricta.