El gobierno nacional limitó el acceso de unos sesenta periodistas acreditados a la sede gubernamental, lo que derivó en denuncias penales y una presentación ante la CIDH.
El jueves por la mañana, efectivos de la Policía Federal y de Casa Militar impidieron el ingreso a Casa Rosada de aproximadamente sesenta trabajadores de prensa que figuraban en una lista impresa, según informó la cronista Paula Larousse de Radio 10. La medida, adoptada por el Poder Ejecutivo, generó una serie de acciones judiciales y administrativas.
La diputada Marcela Pagano, también periodista, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni, el secretario de Comunicación Javier Lanari y el titular de Casa Militar, general de brigada Sebastián Ibáñez. Los cargos incluyen abuso de autoridad, incumplimiento de deberes e impedimento del ejercicio de un derecho, entre otros. Además, Pagano solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado argentino cese la restricción y se comprometa a no repetirla, así como para que las autoridades eviten declaraciones estigmatizantes contra los periodistas. La CIDH acusó recibo de la solicitud.
El gobierno justificó la medida tras la difusión de imágenes grabadas con lentes con cámara integrada por parte de los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, del programa «¿Y mañana qué?» de TN. En respuesta, el Ejecutivo presentó una denuncia penal contra ambos por revelación de secretos políticos y/o militares, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo. La denuncia de Pagano, en tanto, tramitaría en el juzgado de María Servini.
En paralelo, el presidente Milei se expresó en redes sociales con términos como «basuras repugnantes» y «delincuentes» hacia los periodistas involucrados, y ordenó cancelar la huella dactilar de acceso de todos los acreditados. Por su parte, legisladores de la oposición, como el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas), convocaron a una reunión en la Cámara de Diputados para el jueves próximo a las 10, con el fin de dar voz a los periodistas excluidos. Paulón calificó la medida como «inconstitucional» por violar principios de libertad de expresión y de prensa.